Dictan procesamiento a 15 ex represores por crímenes contra menores durante la dictadura
La Justicia federal de Mendoza investiga violaciones a los derechos humanos cometidas contra 56 víctimas que eran niños, niñas y adolescentes al momento de los hechos.
El Juzgado Federal N°1 de Mendoza resolvió procesar a 15 ex integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad por delitos de lesa humanidad perpetrados contra 56 personas que eran menores de edad durante la última dictadura militar iniciada en 1976.
La medida fue dispuesta por el juez Leopoldo Rago Gallo, en el marco de una causa que aborda hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado y que incluyeron desde detenciones ilegales hasta situaciones de violencia extrema contra niños, niñas y adolescentes.
Según la investigación, los delitos contemplan figuras como privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados, abandono de persona, coacción, sustracción y ocultamiento de menores, así como la alteración de identidad y falsificación de documentación.
El proceso cuenta con la intervención del fiscal Dante Vega, titular de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos en Mendoza, junto a los auxiliares fiscales Daniel Rodríguez Infante y Analía Quintar.
Entre los imputados figuran ex miembros del Departamento de Informaciones Policiales (D-2), un centro clave del aparato represivo en la provincia, y también ex integrantes de la IV Brigada Aérea. Varios de ellos ya registran condenas en otras causas vinculadas a secuestros, desapariciones y asesinatos.
En paralelo, dos de los acusados que habían sido indagados fueron apartados del expediente por incapacidad sobreviniente, mientras que otro quedó desvinculado por falta de mérito.
El juzgado ordenó además la prisión preventiva para cuatro de los imputados, medida que el Ministerio Público Fiscal buscará ampliar al resto de los procesados. También se dispusieron embargos que oscilan entre los 10 y 15 millones de pesos.
La causa se inició en mayo de 2025 y se apoya en un trabajo de reconstrucción que permitió identificar distintos patrones de violencia ejercida contra las infancias en el marco del accionar represivo.
De acuerdo con la acusación, los menores fueron víctimas de diversas formas de vulneración. Algunos quedaron bajo control de las fuerzas tras el secuestro de sus padres, en ocasiones siendo trasladados a centros clandestinos como el D-2 o abandonados posteriormente en condiciones de desprotección.
Otros padecieron los operativos represivos en sus propios hogares, donde fueron sometidos a encierros, amenazas o situaciones de extrema violencia mientras sus familiares eran detenidos. También se registraron casos de niños dejados solos tras los secuestros, sin ningún tipo de resguardo.
La investigación también documenta episodios de violencia directa, con menores que fueron amenazados con armas, agredidos o utilizados como mecanismo de presión contra sus padres. Incluso se relevaron situaciones en las que debieron presenciar torturas.
Otro eje central de la causa son los delitos contra la identidad, que incluyen apropiaciones, ocultamientos y alteraciones de datos personales mediante documentación falsa. Entre los casos figura el de una niña que fue ingresada como NN en una institución estatal, pese a que se conocía su identidad.
A casi 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el avance de esta causa vuelve a poner el foco en el impacto del terrorismo de Estado sobre las infancias y en la responsabilidad de quienes formaron parte del aparato represivo.
