El incierto futuro del Comité contra la Tortura, con un mendocino entre los integrantes
En 2017, el Congreso conformó el Comité para la Prevención de la Tortura, cuyos mandatos están próximos a vencer. El abogado de DDHH, Diego Lavado, es uno de los integrantes. Durante el gobierno de Fernández no se conformó la comisión legislativa para elegir a los reemplazantes.
El 28 de diciembre se cumplirán cuatro años de la conformación del Comité para la Prevención de la Tortura en Argentina, organismo del Congreso que cuenta con 13 integrantes (o comisionados) que bregan por los derechos humanos en cárceles, comisarías, hospitales de salud mental y otros lugares de encierro. Para esa fecha, debería definirse quiénes continúan y quiénes son reemplazados, pero hay un detalle: durante la gestión de Alberto Fernández nunca se conformó la comisión bicameral encargada de la selección.
De acuerdo con la Ley 26.827, que prevé la creación del Comité contra la Tortura, la encargada de ratificar a los integrantes es la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, que actualmente no está conformada. En este contexto, hay incertidumbre y "rosca" política por la continuidad (o no continuidad) de algunos, habida cuenta de que más allá de la tarea que realiza el organismo, no dejan de ser cargos políticos bien remunerados: cobran como un director del Senado.
Entre los 13 integrantes del Comité para la Prevención de la Tortura hay tres abogados que llegaron al cargo en representación de ONGs de derechos humanos, como el mendocino Diego Lavado (Xumek), pero también hay exlegisladores oficialistas y opositores, como la kirchnerista Diana Conti o el macrista Alex Ziegler. En este punto, la legislación vigente prevé que 6 de los 13 comisionados sean propuestos por ambas cámaras del Congreso de la Nación.
Los otros cuatro integrantes del Comité para la Prevención de la Tortura son dos representantes del Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de Tortura, uno de la Secretaría de DDHH de la Nación y el Procurador Penitenciario de la Nación.
Los integrantes del comité, a los que hay que sumarles el procurador penitenciario.
En este escenario, y ante la proximidad del vencimiento de los "mandatos", resulta improbable que el Congreso conforme a tiempo la Comisión Bicameral a cargo de la conformación del Comité contra la Tortura. Por lo tanto, el Poder Legislativo debería encontrar la forma legal de prorrogar los mandatos automáticamente, y una posibilidad sería una resolución de ambas cámaras avalando la continuidad de todos los comisionados hasta que se conforme finalmente la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo.
En el medio, hubo mensajes cruzados entre dirigentes kirchneristas y radicales, e incluso entre algunos que adhieren a un mismo espacio político. Por ejemplo, se quejaron porque el mendocino Lavado viajó a España recientemente, abandonando las visitas a cárceles y demás lugares de encierro. Desde el entorno del abogado de Xumek respondieron que sólo se fue un mes y que pidió licencia sin goce de haberes, y agregaron que es uno de los comisionados que más inspecciones realizó.
Eventualmente, si bien los "mandatos" de la mayoría de los comisionados son por cuatro años, tienen la posibilidad de reelegirse por otro período, siempre y cuando lo avale la Comisión Bicameral que aún no se designó. Por ello, algunos pueden operar para ingresar como integrantes del Comité contra la Tortura y otros, para continuar. Específicamente sobre Lavado, en principio dejaría de integrar el comité.
Sobre el Comité para la Prevención de la Tortura
En 2012, ante los reiterados abusos detectados en comisarías y cárceles del país, incluida Mendoza, el Congreso sancionó una ley que implicaba la creación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Sin embargo, durante el resto de gobierno kirchnerista nunca se conformó el organismo, lo que finalmente ocurrió en la gestión de Mauricio Macri, en diciembre de 2017.
Una de las funciones que se le atribuyó al Comité para la Prevención de la Tortura, organismo que depende del Congreso de la Nación, fue "realizar visitas de inspección a cualquier lugar de detención de manera regular y sin previo aviso". Este año, lo han hecho no sólo en penales y comisarías, sino también en alcaidías y hospitales de salud mental, entre otros lugares de encierro de distintas provincias del país.
En los meses previos a la sanción de la ley de 2012, Lavado fue querellante en la causa penal contra un grupo de penitenciarios que torturó a jóvenes detenidos en la cárcel de San Felipe, en Mendoza, episodio que se conoció en 2011. Previamente, junto a otros colegas de Xumek, fue un actor clave para exponer la crítica situación en las cárceles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
