Diputados debate el Presupuesto 2026 y el oficialismo apuesta a conseguir la media sanción

La Cámara de Diputados debatirá este miércoles el Presupuesto 2026, una sesión clave para el Gobierno, que confía en obtener la media sanción y poner fin a dos años consecutivos de prórrogas presupuestarias. El debate está convocado para las 14 y será la primera gran prueba política del oficialismo en el recinto.

Además del Presupuesto, el temario incluye los proyectos de Inocencia Fiscal y Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal, un paquete de iniciativas con el que La Libertad Avanza busca consolidar su agenda económica y medir la solidez de los acuerdos alcanzados con los gobernadores.

El oficialismo consiguió este martes el dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch, paso indispensable para habilitar el tratamiento en el recinto. La votación servirá también para testear el respaldo de los bloques dialoguistas, claves para alcanzar el quórum y aprobar los proyectos.

El proyecto de Presupuesto 2026 prevé un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para diciembre del próximo año, una proyección que ya quedó desfasada por la cotización actual del dólar. De aprobarse, significará el cierre definitivo del esquema de prórrogas del último presupuesto sancionado durante el gobierno de Alberto Fernández, en diciembre de 2022.

En cuanto a las partidas, el texto enviado por la Casa Rosada contempla un incremento del 5% para jubilaciones, un 17% para el área de salud y un 5% para pensiones. Para las universidades nacionales, en tanto, se prevé un presupuesto total de 4,8 billones de pesos.

Un artículo que tensó la negociación

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la incorporación del artículo 75, que propone derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. La medida generó un fuerte rechazo de Unión por la Patria, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda, pero también derivó en disidencias parciales dentro de bloques aliados al oficialismo.

Entre esas firmas se encuentra la de Innovación Federal, espacio que conduce Alberto Arrúa y que integra en la Comisión de Presupuesto el exgobernador misionero Oscar Herrera Ahuad. Desde la oposición, el diputado Eduardo Valdés cuestionó la constitucionalidad de la iniciativa y recordó que las leyes de presupuesto no pueden modificar ni derogar normas permanentes ya vigentes.

Avanza el proyecto de Inocencia Fiscal

En paralelo, el oficialismo logró dictamen favorable para el proyecto de Inocencia Fiscal, con el respaldo de 44 diputados, en un plenario encabezado por Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, titular de la Comisión de Legislación Penal.

Durante el debate, Rodríguez Machado defendió la iniciativa y sostuvo que busca cambiar la lógica histórica del sistema tributario: afirmó que el contribuyente dejó de ser considerado un sospechoso permanente y que el nuevo esquema obliga al Estado a probar antes de sancionar.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto introduce una reorganización del Régimen Penal Tributario, redefine los umbrales de los delitos fiscales y prioriza la persecución penal en los casos de evasión significativa. También habilita la extinción de la acción penal si el contribuyente regulariza su situación y fija límites al avance de causas cuando las facultades del fisco ya se encuentran prescriptas.

El debate por el Compromiso Fiscal

El tercer eje del temario es el proyecto denominado Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, con el que el Gobierno busca convertir en ley el principio de déficit cero y bloquear iniciativas que no cuenten con financiamiento. El texto prevé sanciones penales para funcionarios que autoricen gastos sin respaldo presupuestario, lo que generó fuertes cuestionamientos.

La propuesta incorpora nuevos delitos al Código Penal, con penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación para funcionarios que amplíen el gasto sin recursos, y de tres a diez años para autoridades del Banco Central, extendiendo la regla fiscal a toda la administración pública.

Desde bloques dialoguistas también surgieron reparos. La diputada Karina Banfi, del monobloque Adelante Buenos Aires, expresó su acuerdo con el objetivo de equilibrio fiscal, aunque advirtió que el proyecto invade atribuciones exclusivas del Congreso. En la misma línea, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, calificó la iniciativa como un texto desproporcionado e inconstitucional, al sostener que, detrás de una meta compartida, esconde serias falencias jurídicas.

Con este escenario, el oficialismo afronta una jornada decisiva en Diputados, en la que no solo se juega la aprobación del Presupuesto, sino también la viabilidad política de su programa económico en el Congreso.