La pelea por la autonomía de San Rafael escala a la Justicia
Una demanda para frenar la elección de convencionales constituyentes abrió un conflicto político entre oficialismo y oposición, mientras la Suprema Corte mantiene silencio y el debate por la reforma municipal se mete de lleno en la campaña.
La disputa por la autonomía de San Rafael sumó un capítulo judicial que reconfiguró el escenario político local a pocas semanas de las elecciones. Una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte provincial busca bloquear la elección de convencionales constituyentes prevista para el 22 de febrero, en una votación que también renovará la mitad del Concejo Deliberante.
La presentación fue impulsada por el diputado provincial de Protectora José Luis Ramón, quien cuestiona el proceso de reforma de la Carta Orgánica municipal y solicitó, además, una medida cautelar para frenar la elección de convencionales. El planteo ingresó el 11 de enero, en plena feria judicial, y por el momento no avanzó: desde la Corte se limitaron a informar que la causa no está habilitada durante el receso.
El eje del reclamo apunta a la legalidad y legitimidad del proceso impulsado por el municipio. Según el planteo judicial, la convocatoria al poder constituyente debería reordenarse porque -a criterio del legislador- el procedimiento se habría realizado por fuera del marco provincial, sin una reforma previa de la Constitución mendocina y de la Ley Orgánica de Municipalidades, lo que incluso podría abrir escenarios institucionales extremos.
Ramón también objeta que la ordenanza que habilitó la convocatoria no habría alcanzado la mayoría especial requerida en el Concejo Deliberante y que se omitió una consulta popular. Además, sostiene que unificar en un mismo acto electoral la elección de concejales y convencionales termina favoreciendo a las estructuras partidarias y distorsiona el espíritu del proceso constituyente.
Aunque la causa permanece formalmente detenida, el solo ingreso de la demanda activó una fuerte disputa política. La situación se ve reforzada por un dato clave: la Junta Electoral provincial, integrada por los propios miembros de la Suprema Corte, ya avaló la convocatoria conjunta de las elecciones al no encontrar ilegalidad manifiesta.
