Doce agentes estatales fueron separados por faltas graves en Mendoza

El Gobierno de Mendoza formalizó en el Boletín Oficial una serie de medidas disciplinarias que derivaron en la salida de distintos empleados públicos. Las decisiones, adoptadas bajo figuras como cesantía, cesantía expulsiva o no confirmación en el cargo, alcanzan a 12 agentes de diferentes áreas de la administración provincial.

Los casos involucran situaciones de diversa gravedad: desde ausencias reiteradas sin justificación hasta la presentación de documentación médica adulterada y condenas judiciales por delitos graves. Las áreas más afectadas son Salud y Seguridad, aunque también hubo actuaciones en el Poder Legislativo.

Entre las cesantías firmes se cuentan dos trabajadores del sistema sanitario y un profesional que fue apartado tras quedar firme una condena penal. Se trata de Maximiliano Julián Cazorla Villafañe, ginecólogo que se desempeñaba en el Hospital Las Heras de Tupungato, quien recibió una pena de cuatro años y seis meses de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante. El decreto que confirmó su desvinculación también dispuso la inhabilitación para ejercer en el ámbito sanitario estatal.

Otro de los expedientes resonantes es el de Laura Marina Mamani, agente del Hospital Gailhac, quien fue removida luego de comprobarse que presentó un certificado médico apócrifo. Según la investigación administrativa, el documento habría sido confeccionado por su esposo con su aval.

En el ámbito del Ministerio de Seguridad también se registraron decisiones relevantes. Agustín Leonardo Ferreyra Milesse fue separado y no confirmado en su cargo tras protagonizar disturbios en Las Heras mientras se encontraba fuera de servicio. El dosaje de alcohol practicado arrojó 1,33 gramos por litro de sangre.

Además, se iniciaron procesos de cesantía por abandono de funciones. Nancy Noelia Fraga Almada enfrenta la expulsión por haber dejado de prestar servicio sin justificación, mientras que el efectivo Leandro Emmanuel Páez Ruggeri fue citado en el marco de una investigación que analiza su presunto abandono de tareas para salir del país.

La Inspección General de Seguridad, por su parte, mantiene abiertos sumarios contra un grupo de efectivos -entre ellos el comisario Ceferino Navea Pizarro- a raíz de múltiples denuncias presentadas en su contra. Paralelamente, otros expedientes disciplinarios avanzan por inasistencias reiteradas o incumplimientos laborales. Entre los involucrados figuran el médico Fabián Berducci Fragapane, acusado de no reincorporarse tras una licencia; Diego Hernán Charbel Paredes Rolán, cuya cesantía fue aconsejada por la Junta de Disciplina por ausencias injustificadas; y Carla del Rosario Aranguez, quien acumuló más de cinco faltas consecutivas sin respaldo formal.

Las actuaciones también alcanzaron al Poder Legislativo. Delia Andrea Puebla, empleada de la Cámara de Senadores, quedó bajo sumario administrativo y el Estado inició acciones para recuperar haberes que habría cobrado de manera indebida.