La UCR propone incorporar el delito de ecocidio al Código Penal
El radicalismo impulsa una reforma penal para sancionar los delitos ambientales, cuestiona la subejecución del Plan Nacional de Manejo del Fuego y se solidariza con Chubut. La iniciativa retoma un debate que ya había sido planteado desde el ámbito académico y económico.
El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) propuso incorporar la figura del ecocidio al Código Penal de la Nación, con el objetivo de tipificar los delitos ambientales y sancionar penalmente a los responsables de incendios de vegetación que provocan daños masivos y persistentes sobre los ecosistemas.
La iniciativa se da en un contexto marcado por los incendios forestales que afectan a distintas regiones del país, en particular a la Patagonia. En ese marco, el radicalismo reclamó una reforma del Código Penal que contemple de manera específica los crímenes ambientales de gran escala, al tiempo que cuestionó la política de prevención y combate del fuego implementada por el Poder Ejecutivo Nacional.
Según informó la UCR, el Plan Nacional de Manejo del Fuego presenta una subejecución cercana al 25% del presupuesto asignado, lo que representa aproximadamente 20.000 millones de pesos que no fueron utilizados para fortalecer tanto el sistema nacional como las capacidades de las jurisdicciones provinciales en materia de prevención, combate y mitigación de incendios forestales.
Además del planteo legislativo, el partido impulsó una campaña solidaria de recolección de fondos destinada a la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut, que se lanzó la semana pasada a través de redes sociales y que ya logró recaudar más de 7 millones de pesos.
En ese sentido, la conducción nacional del radicalismo solicitó al Poder Ejecutivo que informe "de manera precisa y transparente" cuáles son los lineamientos y alcances de su política ambiental, y que evalúe con urgencia la ampliación de las partidas destinadas al Fondo Nacional de Manejo del Fuego, con el fin de garantizar recursos suficientes para enfrentar emergencias ambientales cada vez más frecuentes y severas.
El pronunciamiento incluyó también un mensaje de solidaridad con el pueblo de la provincia de Chubut, afectado por los incendios, y un reconocimiento explícito al trabajo de brigadistas, bomberos y voluntarios que combaten el fuego en la región patagónica.
La propuesta de incorporar el ecocidio al ordenamiento jurídico argentino no es nueva. En diciembre pasado, el economista mendocino Rafael Kemelmajer había planteado una iniciativa en sentido similar en una columna publicada por Diario Memo, donde sostuvo que penalizar el ecocidio podría convertirse en una herramienta estratégica para la Argentina y América Latina, no solo desde el punto de vista ambiental sino también económico.
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En ese artículo, Kemelmajer argumentó que la tipificación del ecocidio permitiría al país alinearse con estándares internacionales emergentes en materia de sostenibilidad, mejorar la previsibilidad institucional y atraer inversiones y talento vinculados a economías verdes y actividades productivas de bajo impacto ambiental. La sanción penal de los daños ambientales graves, sostuvo, enviaría una señal clara sobre el compromiso del Estado con la protección del capital natural.
De este modo, la iniciativa impulsada ahora por la UCR se inscribe en un debate más amplio que cruza la agenda política, ambiental y económica, y que gana peso frente a la recurrencia de catástrofes ambientales y a la discusión global sobre nuevas figuras penales para proteger los ecosistemas.
