El Gobierno retrocede en la reforma juvenil y vuelve a un proyecto con imputabilidad desde los 14 años
Tras enviarlo a Diputados y no reunir apoyos suficientes, el Ejecutivo retiró la iniciativa que proponía bajar el límite a 13 años y retomará el dictamen previo, que incluye acuerdos con provincias y un costo fiscal superior a $23.700 millones.
El Poder Ejecutivo decidió dar marcha atrás con la versión del Régimen Penal Juvenil que había ingresado esta semana en la Cámara de Diputados y que planteaba reducir a 13 años la edad de imputabilidad. La determinación se adoptó horas antes de que comenzara el debate parlamentario, ante la falta de consensos políticos para avanzar con ese punto central del proyecto.
Fuentes del Congreso confirmaron que el oficialismo volverá a impulsar el dictamen elaborado en comisión durante el año pasado, que fija el umbral en 14 años, una alternativa que cosecha mayor respaldo entre los bloques dialoguistas y que ya había permitido reunir una mayoría en instancias previas.
El texto que regresará al temario mantiene la estructura general de la reforma penal juvenil discutida en 2025, aunque con cambios sustanciales respecto de la versión retirada, en un intento por destrabar la discusión y llegar al recinto con mayores posibilidades de aprobación.
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Qué incluye la versión que vuelve a debate
El dictamen anterior preserva un sistema de sanciones progresivas de acuerdo con la gravedad del delito y prioriza medidas no privativas de la libertad, como programas educativos, trabajos comunitarios, reparación del daño y tratamientos psicológicos. La prisión quedará reservada para los casos más graves y se cumplirá en institutos especializados, sin convivencia con adultos.
También se incorpora de manera expresa la posibilidad de que el Estado nacional firme convenios con las provincias para aplicar el régimen, un punto reclamado por varios gobernadores por el impacto presupuestario que tendría en sus distritos.
El cambio más relevante es la eliminación de la propuesta de llevar la imputabilidad a los 13 años, que había sido impulsada por sectores del oficialismo pero no logró apoyo suficiente, ni siquiera entre aliados como el PRO, que insistieron en sostener el límite en 14.
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Pese al repliegue, el Ejecutivo resolvió conservar otro de los ejes centrales del proyecto: la explicitación del costo fiscal y su fuente de financiamiento. La implementación del régimen demandaría $23.739.155.303, que se cubrirían con partidas del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación.
Según la evaluación oficial, el mayor peso presupuestario no recaerá en infraestructura sino en los gastos operativos, en particular la incorporación de personal especializado -médicos, psicólogos y supervisores- considerados esenciales para el funcionamiento del sistema.
Con esta reformulación, el oficialismo busca reencauzar el debate legislativo y avanzar con una iniciativa más acotada que, de todos modos, aspira a ser tratada y votada en el recinto en la sesión prevista para el próximo jueves.
