El Estado incumple con el cupo laboral para personas con discapacidad: apenas llega al 1,3%
Aunque la ley fija un mínimo del 4% en la administración pública, el último informe oficial reveló que solo 4467 empleados poseen certificado de discapacidad. ATE denuncia cesantías y advierte que la situación se repite en provincias y municipios.
La normativa vigente desde 1981 establece que al menos el 4% del personal de la administración pública debe estar conformado por personas con discapacidad. Sin embargo, el gobierno nacional informó al Congreso que apenas el 1,37% de los trabajadores estatales -4467 empleados- cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El detalle presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mostró que solo 14 de los 138 organismos alcanzan o superan ese piso. Ningún ministerio figura entre ellos.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aseguran que el panorama es aún más crítico. "Según nuestros relevamientos, la inclusión laboral de las personas con CUD es de 0,9% del total de personal del Estado, pese a que la Ley exige un piso de 4%. Nosotros hemos reclamado a todos los Gobiernos por su cumplimiento y ninguno cumplió", afirmó el secretario general Rodolfo Aguiar.
El sindicalista también denunció que "hemos identificado 401 cesanteados que tienen CUD y no estaban en planta permanente. Son casos que están judicializados y hemos presentado las cautelares, pero hasta el momento la mayoría se mantienen sin resolución en la Justicia".
Los pocos organismos que cumplen
Según el informe de Jefatura de Gabinete, solo un puñado de dependencias respeta la ley. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo encabeza el listado con un 9,48% de su plantel, seguida por la Agencia Nacional de Discapacidad (8,84%) y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (6,9%). También cumplen, entre otros, la Anmat (4,79%), la Sigen (4,75%), la Superintendencia de Seguros de la Nación (4,67%) y el INCAA (4%).
Un déficit que atraviesa al país
La falta de cumplimiento no es exclusiva del Estado nacional. En provincias y municipios se repite la misma situación. "En ATE también estamos exigiendo que el cupo se respete en los estados provinciales y municipales, pero nos encontramos con los mismos escollos", señaló Aguiar.
En la misma línea, Ermelinda Garbini, titular de la Dirección de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo porteña, advirtió: "El cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad no se ha alcanzado de manera generalizada en Argentina, ya que la mayoría de las jurisdicciones, tanto a nivel nacional como provincial, no logran alcanzar el 4% de contratación establecido por la ley".
Garbini explicó que, además de la falta de mecanismos de fiscalización, persisten barreras estructurales: "Los prejuicios, la discriminación, la falta de oportunidades laborales adecuadas, el desconocimiento empresarial sobre cómo incluir a las personas con discapacidad y la precariedad laboral también son factores cruciales que dificultan la inserción laboral".
La especialista recordó que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los Estados a garantizar y promover el derecho al trabajo de este colectivo. "El desafío consiste en dar respuestas adecuadas a los requerimientos que surjan con el incremento de ingresantes con algún tipo de discapacidad. Es decir, generar un sistema de apoyos para que puedan ingresar, permanecer y desarrollar adecuadamente su carrera laboral", concluyó.
