Cómo se aplica en Mendoza la desregulación de las cuotas de colegios privados
El Gobierno desreguló los aranceles de los colegios privados mediante el Decreto 787/2025. Desde ahora, los establecimientos podrán definir libremente sus precios de matrícula y cuotas, sin control ni autorización estatal. Qué sucede en Mendoza.
Este martes el Gobierno nacional anunció la desregulación de las cuotas de los colegios privados, lo que implicará en la práctica que las instituciones fijen libremente sus precios sin necesidad de informar ni pedir autorización al Estado.
La medida fue oficializada a través del Decreto 787/2025, lo que generó la pregunta sobre su alcance en la provincia de Mendoza. De acuerdo a información oficial, este decreto no regirá para los colegios mendocinos que reciben subsidios de parte del Estado provincial. En este caso, se trata de 139 colegios privados que llegaron a un acuerdo en febrero de 2025 para establecer el monto de la cuota: una fórmula que combina lo que cobra un docente con 10 años de antigüedad y lo que mida la inflación local, según los datos de la DEIE.
Sin embargo, otro grupo de 39 colegios privados no reciben ningún tipo de subsidio estatal, por lo que sí estarán comprendidos dentro de la nueva normativa. De todos modos, aclararon que esas instituciones ya tenían un mecanismo propio para fijar las cuotas y que, desde ahora, ya no tendrán obligación de informar a la autoridad escolar provincial. Además, entienden desde la DGE-aunque no lo confirmaron- que todos los colegios que dependen de universidades como la UCA, por ejemplo, también estarían incluidos en la medida nacional.
Que dice el decreto
El nuevo decreto deroga el Decreto 2417/1993, que desde hace tres décadas regulaba la administración de los aranceles de la educación privada. Hasta ahora, los institutos debían comunicar los montos de matrícula y cuotas con anticipación y obtener autorización oficial para cualquier modificación.
El Ejecutivo justificó la decisión al señalar que la norma derogada presentaba "limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país".
Según el texto, el sistema anterior generaba "incertidumbre económica" y obligaba a los establecimientos a fijar valores más altos de lo necesario, afectando a las familias. "Corresponde revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando así la sostenibilidad de su labor y el derecho a la educación de calidad", expresa el decreto.
Con esta desregulación, el Gobierno argumenta que busca restablecer la libertad de contratación y respetar el derecho de propiedad de las instituciones privadas, que podrán ajustar sus precios y salarios según la evolución de los costos sin intervención estatal.
Además, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, fue instruido para revisar el Decreto 2542/1991, que regula el sistema de financiamiento de la educación pública de gestión privada, con el objetivo de actualizarlo al contexto federal actual.
La medida pone fin a más de 30 años de supervisión estatal sobre los aranceles educativos, en línea con la política de desregulación que impulsa el Gobierno nacional en distintos sectores.
