El Gobierno pidió a la CIDH que Milagro Sala deje la domiciliaria y vuelva a una cárcel común
La Subsecretaría de Derechos Humanos presentó una solicitud para que la dirigente jujeña cumpla su condena en un penal. El Estado argumenta la gravedad de los delitos y rechaza denuncias de hostigamiento judicial, mientras la defensa habla de irregularidades y recuerda que ya puede solicitar la libertad condicional.
El Gobierno nacional solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se levante el arresto domiciliario de Milagro Sala y que la dirigente social vuelva a cumplir su condena en un establecimiento penitenciario común, a casi una década de su detención inicial.
La presentación fue realizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos y sostiene que el beneficio otorgado en 2017 por el tribunal internacional ya no se justifica frente a la gravedad de los delitos por los que Sala fue condenada en la Justicia jujeña y cuya sentencia quedó firme.
Según el escrito oficial, la exlegisladora provincial y referente de la organización Tupac Amaru recibió una pena unificada de quince años de prisión e inhabilitación absoluta, tras ser hallada culpable de asociación ilícita, fraude contra la administración pública, extorsión y amenazas.
Desde el Estado también rechazaron las denuncias formuladas por la defensa sobre supuestos episodios de persecución judicial. En la documentación enviada a la CIDH se incorporaron informes que, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, muestran que Sala habría incumplido las condiciones del arresto domiciliario al modificar su domicilio sin autorización, lo que activó alertas del sistema de monitoreo electrónico y derivó en controles adicionales.
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"El intento de presentar estas medidas de supervisión como hostigamiento busca instalar un relato para conservar un privilegio que no corresponde", señalaron fuentes oficiales, que además subrayaron que la Argentina continúa cumpliendo con sus compromisos internacionales.
En un comunicado, la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona sostuvo que la medida dispuesta por la Corte Interamericana "se transformó en un claro beneficio" y que mantiene "en la comodidad de su hogar a una persona con condena firme".
La situación procesal de la dirigente agrega un nuevo capítulo al planteo del Gobierno. El mes pasado cumplió dos tercios de la pena -diez de los quince años impuestos-, lo que la habilita legalmente a tramitar la libertad condicional. Actualmente permanece internada en el Hospital de Gonnet, en La Plata.
En paralelo, su defensa volvió a denunciar irregularidades en el trato judicial. La abogada Alejandra Cejas aseguró que durante la internación viajaron funcionarios desde Jujuy para tomarle declaración y que un fiscal intentó realizarle una audiencia virtual desde un teléfono celular, en un procedimiento que calificó como "una aberración pocas veces vista".
De acuerdo con la última resolución judicial, la libertad condicional puede pedirse desde el 16 de enero de 2026, mientras que la libertad asistida recién podría evaluarse en 2030 y la condena vencerá en enero de 2031.
Las causas que derivaron en su condena incluyen un expediente por amenazas telefónicas realizadas en 2014 a una comisaría de Alto Comedero, en el que recibió una pena de dos años de prisión, y la investigación conocida como "Pibes Villeros".
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En ese segundo proceso, el Tribunal Oral Criminal 3 de Jujuy la declaró jefa de una asociación ilícita que desvió fondos públicos destinados a viviendas sociales. La sentencia fijó trece años de cárcel por asociación ilícita, fraude a la administración y extorsión. Según consta en la causa, el perjuicio al Estado ascendió a unos $60 millones y el juicio, iniciado en 2018, contó con la declaración de más de cien testigos.
