El Gobierno prepara la defensa judicial de la reforma laboral y anticipa un final en la Corte

Con la aprobación en el Senado ya asegurada, el Gobierno avanza en el diseño de un esquema legal destinado a resguardar la reforma laboral frente a lo que considera una inminente ofensiva judicial. En la Casa Rosada no dudan de que la iniciativa -uno de los ejes centrales de la agenda del presidente Javier Milei- será cuestionada apenas complete su trámite legislativo.

Según admiten fuentes con acceso al despacho presidencial, el escenario más probable es que el debate termine dirimiéndose en la Corte Suprema. Por eso, el trabajo de blindaje comenzó hace meses y se mantiene bajo estricta reserva.

Si el proyecto obtiene la sanción definitiva en Diputados durante las sesiones extraordinarias y luego es promulgado, en el oficialismo esperan una catarata de presentaciones judiciales impulsadas tanto por sindicatos como por sectores del propio Poder Judicial.

La estrategia está siendo coordinada por la Secretaría de Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal; la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Santiago Castro Videla; y el Ministerio de Justicia, donde el secretario Sebastián Amerio interviene en la planificación. Todos forman parte del círculo de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.

"Sabemos que van a judicializarla y estamos trabajando para anticiparnos", señaló una fuente oficial. En ese diagnóstico, dan por descontado que la discusión escalará hasta el Máximo Tribunal.

Entre los puntos que prevén más resistencias figuran la prioridad de los convenios colectivos de empresa por sobre los acuerdos nacionales, la limitación del principio de ultraactividad -que extiende la vigencia de los convenios vencidos- y la modificación en el esquema de cálculo de indemnizaciones.

Otro foco de conflicto será la decisión del Ejecutivo de avanzar con el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. A través del Decreto 95/2026, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó habilitado para firmar los acuerdos necesarios para concretar esa transferencia.

La disputa remite a la autonomía porteña consagrada en la reforma constitucional de 1994, que estableció que la Ciudad debía contar con su propio Poder Judicial. Desde entonces, la Corte Suprema sostuvo que la permanencia del fuero laboral bajo jurisdicción nacional debía ser transitoria. En el oficialismo sostienen que el traspaso responde a ese mandato constitucional.

En los últimos años, la Legislatura porteña sancionó normas para reorganizar el fuero laboral local y aprobó un nuevo Código Procesal, además de crear una Cámara de Apelaciones del Trabajo con seis jueces y diez juzgados de primera instancia.

Dentro del oficialismo, sin embargo, cuestionan el funcionamiento histórico de la justicia laboral y aseguran que ciertos fallos afectaron el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. "Defendemos los derechos laborales, pero no que un puñado de jueces reemplace al Congreso", afirman en el entorno presidencial.

Pese a los pedidos de diálogo formulados por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional antes del debate en el Senado, el oficialismo mantuvo el tratamiento del proyecto y consiguió la media sanción. Ahora, con la mirada puesta en Diputados, el Gobierno reafirma su apuesta por la denominada "modernización laboral" y acelera los últimos ajustes de una estrategia jurídica que consideran clave para sostener la reforma ante lo que describen como una batalla inevitable en los tribunales.