El Gobierno nacional puso en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Ejecutivo reglamentó la norma aprobada en 2025 mediante un decreto en el Boletín Oficial y fijó cambios en pensiones, auditorías y mecanismos de control.
El Gobierno nacional formalizó este miércoles la aplicación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, sancionada por el Congreso en julio de 2025 pero hasta ahora sin ejecución efectiva. La medida quedó plasmada en el Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial, luego de que una resolución judicial ordenara su inmediata implementación.
La reglamentación establece el marco operativo de la Ley 27.793, que declara la emergencia en el área y redefine lineamientos vinculados a políticas públicas, prestaciones y pensiones. La vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de una prórroga por doce meses.
El fallo que aceleró la reglamentación
Si bien el Parlamento había aprobado la norma el año pasado, el Poder Ejecutivo había supeditado su puesta en marcha a la disponibilidad presupuestaria. Esa postura fue cuestionada en los tribunales y, en diciembre, el juez federal de Campana Adrián González Charvay anuló el artículo que suspendía la aplicación y ordenó que se activara sin demoras.
En su resolución, el magistrado argumentó que condicionar la ley a partidas presupuestarias resultaba incompatible con compromisos constitucionales e internacionales asumidos por el Estado, y advirtió que la falta de financiamiento podía comprometer tratamientos esenciales para personas con discapacidad.
Aunque el Gobierno apeló la decisión, la Justicia habilitó la feria judicial para supervisar el cumplimiento del fallo y exigió informes al Ministerio de Salud sobre los avances. A comienzos de enero, la cartera encabezada por Mario Lugones informó que había iniciado trámites administrativos, aunque señaló que la implementación no sería inmediata. Con la publicación del decreto, el Ejecutivo terminó de encuadrar el procedimiento y precisó cómo se ejecutarán los puntos centrales de la ley.
Pensiones, auditorías y controles
Entre las principales modificaciones figura la creación de un nuevo esquema para las pensiones no contributivas por discapacidad. La reglamentación detalla requisitos de acceso y permanencia, incompatibilidades y circuitos administrativos, además de fijar mecanismos de auditoría para supervisar el sistema.
Las prestaciones otorgadas antes de la entrada en vigencia de la ley pasarán automáticamente al nuevo régimen de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que implicará procesos de identificación y verificación de los beneficiarios alcanzados.
El decreto también fortalece el papel de la Secretaría Nacional de Discapacidad, ahora bajo la órbita del Ministerio de Salud, y le encomienda convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar criterios de evaluación socioeconómica. A su vez, se estableció un plazo de 30 días para presentar un plan de auditorías periódicas, tal como dispone la normativa.
Participación federal y coordinación
La reglamentación lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Federico Sturzenegger. Ratifica instancias de consulta y seguimiento a través del Consejo Federal de Discapacidad, el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, el Comité Asesor, el Consejo de Articulación de Programas y el Observatorio de la Discapacidad.
También se prevén esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. En los considerandos, el Ejecutivo aclaró que dicta la reglamentación "sin reconocer hechos ni derechos" ni avalar los fundamentos del fallo judicial, pero con el propósito de precisar el funcionamiento administrativo de la ley, ordenar los criterios de aplicación y reforzar los mecanismos de control.
