El tribunal se prepara para dictar veredicto en el caso Bento
Tras más de dos años de audiencias, el TOF N°2 de Mendoza escuchará las últimas palabras de los acusados y resolverá los planteos pendientes antes de definir si el ex juez federal y los demás imputados son culpables.
El proceso judicial contra el ex juez federal Walter Ricardo Bento atraviesa desde este lunes su etapa decisiva. Luego de más de dos años de debate oral, el Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza comenzará a resolver los últimos pedidos formulados por las defensas y habilitará la ronda de las denominadas "últimas palabras", el paso previo al fallo que determinará si el magistrado destituido y el resto de los acusados resultan penalmente responsables.
El cronograma prevé que lunes y martes todos los imputados puedan dirigirse al tribunal para realizar sus exposiciones finales. Antes, las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereyra deberán expedirse sobre los planteos de nulidad presentados por los abogados defensores. Superadas esas instancias, el juicio quedará en condiciones de sentencia y el veredicto se conocería hacia el final de la semana, entre jueves y viernes.
La atención vuelve a centrarse en Bento, a quien la fiscalía acusa de haber encabezado durante años una organización delictiva instalada en el fuero federal mendocino, dedicada -según la hipótesis acusatoria- a exigir sobornos a cambio de resoluciones judiciales favorables.
La decisión que adopte el tribunal no incluirá aún el monto de las penas: si hay condenas, la fiscalía deberá formular los pedidos concretos de prisión en una audiencia posterior de cesura.
Un debate sin precedentes
El juicio oral se inició el 26 de julio de 2023 y ya superó las 130 audiencias. Cerca de cien jornadas se destinaron a la producción de prueba, con más de 300 testigos, la revisión de cientos de miles de páginas de documentación y la incorporación de decenas de terabytes de información digital.
Durante el proceso se analizaron 14 episodios específicos de presuntos pagos ilegales a cambio de decisiones judiciales. La causa comenzó con 33 imputados: tres accedieron a la suspensión del juicio a prueba y otros dos fallecieron. De los 28 restantes, el Ministerio Público Fiscal acusó a 25 personas.
Además del ex juez, están imputados su esposa, uno de sus hijos, abogados, un ex comisario de la Policía de Mendoza, un condenado por narcotráfico, funcionarios judiciales y presuntos intermediarios y pagadores, a quienes la fiscalía ubica dentro del circuito de coimas.
La acusación fiscal
En un alegato que se extendió durante 29 audiencias, los fiscales María Gloria André y Dante Marcelo Vega, junto al titular de la PROCELAC Diego Velasco y la auxiliar fiscal Ileana Schygiel, pidieron que Bento sea declarado jefe de una asociación ilícita y responsable de delitos como cohecho pasivo agravado, prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica, abuso de autoridad, desobediencia judicial y ocultamiento de pruebas.
Según la reconstrucción presentada, la organización habría funcionado al menos desde 2007, ofreciendo libertades, arrestos domiciliarios, sobreseimientos, faltas de mérito o cambios de calificación legal a cambio de dinero, inmuebles o vehículos. En el tramo final del alegato, la PROCELAC calculó que los sobornos habrían alcanzado, como piso, los US$ 1.700.000.
La fiscalía también solicitó que se declare la responsabilidad penal de una extensa nómina de acusados, entre ellos abogados señalados como organizadores, un ex comisario provincial, un condenado por narcotráfico, la esposa y el hijo del ex magistrado -acusados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito-, ex funcionarios y presuntos sobornadores. En cambio, pidió la absolución de tres imputados.
La postura de las defensas
En la última etapa del proceso, los abogados defensores reclamaron la absolución total. En el caso de Bento, su representante Mariano Fragueiro apoyó el planteo en tres ejes: la prescripción de doce hechos, una acusación que consideró incompleta por no incluir pedido de pena y la supuesta imposibilidad de que el tribunal dicte condena en esas condiciones.
Fragueiro sostuvo que una docena de imputaciones por abuso de autoridad y desobediencia judicial habrían prescripto en noviembre de 2023, al cumplirse dos años de la destitución del ex juez. También cuestionó que el Ministerio Público haya postergado el pedido de penas para una audiencia de cesura, al entender que en esta causa rige el sistema procesal anterior, que exige formular las sanciones durante el alegato.
Respecto de las acusaciones patrimoniales, la defensa afirmó que los ingresos del grupo familiar eran compatibles con su nivel de vida y objetó el análisis fiscal sobre el origen de los fondos.
La definición
Con los alegatos ya concluidos, las últimas palabras de los imputados marcarán el cierre formal del debate. Luego, el tribunal iniciará la deliberación que culminará con un veredicto que definirá si Bento y el resto de los acusados son condenados o absueltos en una de las causas por presunta corrupción judicial más relevantes tramitadas en Mendoza.
