Con respaldo de gobernadores mineros, el oficialismo confía en cambiar la Ley de Glaciares

La Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave este miércoles a partir de las 15, cuando el oficialismo intentará convertir en ley las modificaciones a la Ley de Glaciares. La iniciativa, impulsada por el Gobierno y ya aprobada por el Senado, quedaría sancionada si obtiene el respaldo de la mayoría simple en el recinto.

En el bloque de La Libertad Avanza aseguran que cuentan con los votos necesarios gracias al acompañamiento de fuerzas aliadas. Sin embargo, también anticipan que la sesión estará atravesada por fuertes cuestionamientos de la oposición, que planea aprovechar el debate para plantear críticas políticas y ambientales.

El proyecto obtuvo este martes dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales. Durante el encuentro expusieron funcionarios nacionales, representantes provinciales y gobernadores vinculados a la llamada Mesa del Litio y el Cobre, quienes defendieron la necesidad de avanzar con la reforma.

La discusión parlamentaria se produjo luego de dos jornadas de audiencias públicas realizadas el 25 y 26 de marzo. Ese proceso también generó cuestionamientos opositores por la forma en que se organizaron las exposiciones. Aunque se registraron más de 100.000 inscriptos para participar, menos de 400 pudieron intervenir durante las audiencias.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, defendió el mecanismo de consulta y sostuvo que se cumplieron las exigencias de participación previstas en el Acuerdo de Escazú. Según explicó, además de las exposiciones presenciales se recibieron más de 2500 presentaciones escritas y material audiovisual con opiniones a favor y en contra del proyecto.

El dictamen de mayoría reunió 37 firmas sobre un total de 69 integrantes del plenario. Acompañaron al oficialismo legisladores del PRO, la UCR y bloques provinciales. Entre ellos se destacaron representantes vinculados a gobernadores de provincias mineras, como María Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), Carlos Jaime Quiroga (Producción y Trabajo) y los misioneros Carlos Arrúa y Yamila Ruiz, del Frente Renovador de la Concordia.

En contraste, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 23 firmas. El bloque Provincias Unidas impulsó otra propuesta alternativa con cinco adhesiones, mientras que el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, firmó un dictamen propio de rechazo.

Ferraro criticó el modo en que se organizó el debate y cuestionó la convocatoria a funcionarios y gobernadores ligados a distritos con proyectos mineros. También apuntó contra el secretario de Minería, Luis Lucero, al señalar sus vínculos previos con empresas del sector.

Desde la oposición también advirtieron sobre los posibles impactos ambientales de la reforma. El diputado Juan Schiaretti, de Provincias Unidas, sostuvo que los glaciares cumplen un rol central en la preservación del agua dulce y advirtió que una modificación normativa podría generar consecuencias irreversibles.

Por su parte, los legisladores del Frente de Izquierda, que no integran las comisiones y por lo tanto no pudieron firmar dictámenes, también adelantaron su rechazo al proyecto.

Entre los defensores de la iniciativa se destacó el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien volvió a respaldar la reforma durante su exposición virtual ante las comisiones. El mandatario insistió en que la actividad minera es clave para el desarrollo económico de las provincias cordilleranas.

En la misma línea, el secretario de Minería, Luis Lucero, sostuvo que la propuesta busca apoyarse en criterios científicos para determinar qué áreas deben ser consideradas reservas hídricas estratégicas. Además, rechazó las críticas opositoras y defendió la capacidad de las provincias para administrar sus recursos naturales.

El proyecto plantea cambios en la definición de glaciar y ambiente periglacial y otorga a las provincias un rol central en la determinación de qué zonas deben incorporarse al Inventario Nacional de Glaciares, que elabora el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

Según el nuevo esquema, aquellas áreas que queden fuera del inventario perderían el régimen de protección previsto por la ley vigente, lo que habilitaría la realización de actividades productivas, incluida la minería, en esos territorios.