Extienden por 10 años dos concesiones petroleras y se fijan nuevas exigencias de inversión

El Gobierno de Mendoza oficializó la segunda prórroga de las concesiones de explotación hidrocarburífera en las áreas Piedras Coloradas-Estructura Intermedia y Cacheuta, dos yacimientos maduros ubicados en la cuenca cuyana que seguirán en actividad durante la próxima década bajo la operación de la empresa Venoil S.A. La medida quedó plasmada en el Decreto N° 58, firmado a mediados de enero y publicado en el Boletín Oficial, y fija un nuevo marco de condiciones económicas, técnicas y ambientales para la continuidad de los proyectos.

La extensión habilita a la compañía a operar Piedras Coloradas hasta enero de 2036 y Cacheuta hasta agosto de 2035. A cambio, la Provincia exigió un ambicioso plan de inversiones orientado a sostener la producción, reactivar pozos inactivos y mejorar la infraestructura existente. En total, los compromisos superan los 25 millones de dólares: unos 19,4 millones se destinarán a Piedras Coloradas y otros 5,6 millones a Cacheuta, con foco en perforaciones, recuperación secundaria de reservorios y refacción de instalaciones de superficie.

Reversión confirmada: la provincia no renovó la concesión petrolera de Atamisqui 

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente señalaron que ambas áreas presentan altos niveles de madurez productiva, lo que obliga a desplegar estrategias más intensivas para evitar la declinación natural de los yacimientos. En ese sentido, los informes técnicos que respaldaron la prórroga destacaron que los proyectos propuestos por Venoil permitirán optimizar costos operativos, recuperar reservas y garantizar la continuidad de la actividad en campos que llevan décadas en explotación.

En el plano económico, el decreto establece el pago de un bono de prórroga que suma más de 360 mil dólares entre ambas áreas, a abonarse en doce cuotas mensuales. Además, se fijó un esquema de regalías variables atado al precio internacional del petróleo: la alícuota partirá del 7% cuando el barril se ubique por debajo de los 60 dólares y podrá escalar hasta el 18% en escenarios de alta cotización. Para el resto de los hidrocarburos, como el gas, se mantendrá una regalía del 12% sobre la producción en boca de pozo.

Uno de los capítulos centrales del decreto es el ambiental. La Provincia obligó a la empresa a presentar, en un plazo inmediato, un plan integral de saneamiento de pasivos históricos y remediación de impactos, con cronogramas precisos y fechas límite para la ejecución de los trabajos. También se exige la contratación de un seguro ambiental que cubra daños súbitos, graduales y eventuales afectaciones a terceros, así como auditorías previas ante cualquier reversión parcial o total de las áreas.

YPF redefine su mapa petrolero: se desprende de activos en Mendoza y Chubut 

La normativa detalla, además, un programa de abandono definitivo de pozos para los próximos años: en Piedras Coloradas deberán cerrarse 21 perforaciones entre 2030 y 2035, mientras que en Cacheuta se prevé el sellado de cuatro pozos entre 2031 y 2032. Al mismo tiempo, Venoil deberá revisar la situación de los pozos inactivos restantes y definir si serán reactivados o abandonados de manera permanente, siempre bajo supervisión estatal.

El impacto local también fue incorporado como condición para la prórroga. El decreto obliga a priorizar la contratación de mano de obra y proveedores mendocinos en al menos el 75% de los casos, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas. Además, la empresa deberá realizar aportes específicos para fortalecer la capacidad de control del Estado: en Piedras Coloradas entregará en comodato una camioneta 4x4 para tareas de fiscalización y aportará 17 mil dólares anuales para equipamiento y capacitación; en Cacheuta, sumará otros 3 mil dólares por año y organizará entrenamientos técnicos para profesionales provinciales.

Para garantizar el cumplimiento de todos estos compromisos, el Gobierno de Mendoza exigió la constitución de una garantía equivalente al 10% del plan de inversiones y estableció un régimen severo de sanciones. El incumplimiento en los pagos, en las obras comprometidas o en las obligaciones ambientales podrá derivar en multas millonarias y, en los casos más graves, en la caducidad de la prórroga sin derecho a indemnización.