Patética filtración de la Iglesia española de los datos de los denunciantes de abuso
En el origen del conflicto está la filtración de un anexo confidencial del informe interno encargado por la CEE al bufete Cremades & Calvo-Sotelo, en el que se documentaban denuncias de abusos -hasta entonces reservadas- de 45 personas.
Las consecuencias de un grave descuido institucional vuelven a poner en evidencia al Conferencia Episcopal Española (CEE), tras el archivo de la causa por la divulgación pública de datos personales de víctimas de pederastia clerical.
En respuesta, varias de las personas afectadas han decidido recurrir la decisión de Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y exigen que se reabra la investigación. Así lo informó recientemente el periodista Jesús Bastante en un artículo publicado por Religión Digital.
Un error con consecuencias humanas
En el origen del conflicto está la filtración de un anexo confidencial del informe interno encargado por la CEE al bufete Cremades & Calvo-Sotelo, en el que se documentaban denuncias de abusos -hasta entonces reservadas- de 45 personas.
Esa información, que incluía nombres, apellidos y detalles sensibles sobre los abusos sufridos, fue publicada por error en la página web de la CEE entre diciembre de 2023 y enero de 2024.
Aunque la publicación fue breve -la CEE retiró el documento tras detectarlo-, investigadores y medios como El País comprobaron que el archivo siguió siendo accesible durante meses a través de rastreos en internet.
La AEPD intervino y abrió una investigación, pero meses después decidió archivar la causa. Según su resolución, la CEE adoptó "con gran celeridad las medidas reactivas precisas" tras detectar la brecha, lo que, a su juicio, justificaba no imponer sanciones.
Voces de las víctimas: "La mano negra existe"
Lejos de reconocer la reparación, las víctimas se sienten agraviadas. Una de ellas, identificada como Eduardo Torralbo, aseguró a Religión Digital: "Vamos a llegar hasta el final". Según su abogado, la decisión de archivo "minimiza la gravedad de los hechos" y fue adoptada "al margen de los afectados, sin darles participación real".
El recurso presentado denuncia varias falencias en la decisión de la AEPD:
Falta de una verificación independiente sobre el alcance real de la filtración, que podría haber afectado a las 45 víctimas durante un período prolongado.
Insuficiente análisis sobre las medidas de seguridad previas desplegadas por la CEE y ausencia de responsabilidad clara del encargado del tratamiento de datos.
Negativa a permitir que las víctimas accedieran al expediente completo, lo que impidió una defensa efectiva de sus derechos.
En su escrito, las víctimas exigen que se revoque la resolución de archivo y se retrotraigan las actuaciones para investigar adecuadamente el origen de la descarga que permitió la exposición de datos. Alternativamente, piden que se inicie un procedimiento sancionador contra la CEE o el despacho Cremades & Calvo-Sotelo.
Un escándalo que reaviva la desconfianza institucional
El caso ha alimentado la indignación de asociaciones de víctimas y defensores de los derechos de las personas agredidas, quienes denuncian que este tipo de filtraciones -y la impunidad que las acompaña- reaviva el trauma. En octubre de 2025, tras la decisión de la AEPD, numerosos medios advirtieron que ni la CEE ni la agencia informaron a las víctimas sobre la brecha, incumpliendo la obligación legal de notificar incidentes de seguridad cuando se trata de datos altamente sensibles.
Para muchos, el problema no radica sólo en un error técnico, sino en una cultura institucional de opacidad, negligencia y falta de responsabilidad frente al drama vivido por quienes confiaron -y siguen confiando- en la Iglesia.
¿Qué significa este recurso?
En primer lugar, representa una demanda colectiva por justicia y dignidad: no sólo piden que se reconozca el error, sino que se investigue a fondo quién fue responsable.
En segundo término, visibiliza una falla estructural: la imposición de sanciones depende de decisiones discrecionales, incluso cuando se trata de vulneraciones graves de privacidad.
Finalmente, abre una nueva fase en la lucha de las víctimas: de la denuncia individual al cuestionamiento de la responsabilidad institucional de la CEE y sus colaboradores externos.
Este caso evidencia, una vez más, que los procesos de reparación en la Iglesia -económicos, simbólicos o legales- no bastan si no va acompañada de transparencia, rendición de cuentas y un compromiso real con quienes han sufrido abusos. La acción colectiva de estas víctimas -y su recurso contra el archivo- podría marcar un punto de inflexión en la exigencia de justicia, no sólo dentro del ámbito eclesiástico, sino en toda la sociedad.
