Los fiscales rechazan el arresto domiciliario de Cristina Kirchner y piden cárcel común
Luciani y Mola descartan razones humanitarias y apuntan a la seguridad del domicilio; el juez Gorini definirá si la vicepresidenta cumplirá su condena en prisión
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron este lunes un dictamen con el que se oponen a concederle el arresto domiciliario a Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa conocida como "Vialidad". Para los acusadores, la expresidenta no reúne los requisitos para acceder al beneficio y debe cumplir su condena en una unidad penitenciaria.
En el documento, de diez páginas, los fiscales sostienen que el pedido de prisión domiciliaria formulado por la defensa de la exmandataria "no aporta ningún motivo personal ni razones humanitarias" que justifiquen la excepción. Si bien la defensa apeló a su edad (72 años) y a cuestiones de seguridad -por su rol institucional y el intento de magnicidio de 2022-, los fiscales replicaron que ninguna de esas condiciones exime automáticamente el cumplimiento efectivo de la pena.
"No basta con tener más de 70 años para obtener el beneficio del arresto domiciliario", enfatizaron Luciani y Mola, y señalaron que las fuerzas de seguridad federales están en condiciones de garantizar su integridad física dentro de un penal. En esa línea, mencionaron que el Ministerio de Seguridad ya indicó que hay establecimientos del Servicio Penitenciario Federal "aptos" para alojar a Cristina Kirchner.
También cuestionaron la propuesta de domicilio presentada por la defensa: el departamento de la calle San José, en el barrio porteño de Monserrat, fue calificado como inadecuado para garantizar condiciones de seguridad y custodia. Los fiscales advirtieron que en ese lugar podría haber concentraciones de militantes o protestas políticas que dificulten el cumplimiento de la pena, además de exponerla a nuevos riesgos.
Por otro lado, los fiscales se opusieron al pedido de la defensa para que no se le coloque una tobillera electrónica, recordando que la ley exige ese mecanismo de control para toda modalidad de prisión domiciliaria. También reclamaron que, en caso de concederse el arresto domiciliario, la custodia quede a cargo del Servicio Penitenciario Federal y no de la Policía Federal.
Un caso clave para el futuro político de CFK
La condena contra Cristina Kirchner fue dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2, en el marco de la causa Vialidad. La investigación abordó el direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, durante los tres mandatos presidenciales del kirchnerismo.
Además de la condena a seis años de prisión, el tribunal dispuso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No obstante, la sentencia no está firme: la defensa apeló ante la Cámara de Casación y eventualmente el caso podría llegar a la Corte Suprema.
Si bien Cristina Fernández había anunciado en 2022 que no sería candidata a ningún cargo electivo, su situación judicial volvió al centro del debate público con los recientes avances procesales. El pedido de arresto domiciliario fue formulado en el contexto de esa condena, aunque la propia expresidenta no está actualmente detenida ni privada de su libertad, ya que aún no se resolvieron las instancias de apelación.
Ahora, la decisión final sobre el pedido de la defensa está en manos del juez Jorge Gorini. Se espera que en los próximos días defina si le concede la prisión domiciliaria o si, como solicitaron los fiscales, dispone su traslado a un penal federal.
