La defensa del cardenal Becciu pretende culpar a Francisco de su condena

El Tribunal de Casación del Vaticano acoge desde hoy la apelación de los nueve condenados por delitos financieros en el caso de la compraventa del palacio de Sloane Avenue en Londres

¿Fue Francisco responsable de la condena a Becciu? Desde hoy, el Tribunal de Casación del Vaticano revisa la apelación de los nueve condenados por delitos financieros, malversación, abuso de poder, fraude y otros cargos, en el caso de la compra-venta del palacio de Sloane Avenue. Un escándalo que la prensa romana ha bautizado como el "juicio del siglo" y que terminó con la condena del cardenal Becciu y otros ocho implicados.

El proceso acabó con la carrera de quien fuera sustituto de la Secretaría de Estado y prefecto de Causas de Santos, quien fue condenado en diciembre de 2023 a 5 años y medio de prisión (que no ha cumplido), además de una inhabilitación perpetua para cargos públicos, por malversación de fondos, fraude y abuso de poder en el caso de la irregular compra de un edificio en Londres y el escándalo de la 'dama de Becciu', Cecilia Marogna, quien pudo recibir notables cantidades de dinero para, supuestamente, elaborar una 'diplomacia paralela' a la de la Santa Sede para la liberación de religiosos secuestrados en África. En realidad, dicho dinero acabó, entre otras compras, en la adquisición de bolsos de lujo.

Becciu fue defenestrado por el Papa Francisco, quien le despojó de sus derechos cardenalicios, lo que le impidió participar en el cónclave que eligió a Robert Francis Prevost. Ahora, su defensa busca precisamente acusar a Francisco de interferir de tal modo en el proceso, que hizo imposible que su cliente recibiera un juicio justo.

Para los abogados del purpurado, informa Ap, será especialmente relevante tratar de demostrar que los cuatro decretos ejecutivos 'secretos' que Francisco firmó en 2019 y 2020, que otorgaron a los fiscales del Vaticano amplios poderes, incluido el uso sin restricciones de escuchas telefónicas y el derecho a desviarse de las leyes existentes, fueron claves para la condena, y nunca se hicieron públicos, lo que impidió a su defendido acceder a un juicio justo. Además, sostienen que ningún juez independiente supervisó las escuchas telefónicas que sirvieron de base para su condena. En el trasfondo, la estrategia arremete contra el concepto mismo de Papado, entendido como el gobierno supremo, tanto en lo legislativo, como en lo ejecutivo y lo judicial, por parte del pontífice. 

En el trasfondo, la estrategia arremete contra el concepto mismo de Papado, entendido como el gobierno supremo, tanto en lo legislativo, como en lo ejecutivo y lo judicial, por parte del pontífice

Una defensa arriesgada pero que, en cierto modo, podría tener cierta base en la apelación, toda vez que el fiscal del caso Alessandro Diddi, ha sido apartado (renunció voluntariamente antes de que se pudiera decidir sobre su salida), aunque, formalmente, los jueces vaticanos niegan violación del principio legalidad con el argumento de que era Francisco el único con potestad de hacer las leyes.


Esta nota habla de: