Guaymallén se integra al sistema provincial para ordenar las playas de vehículos secuestrados
El municipio firmó un convenio con Seguridad y Justicia para agilizar el traslado, depósito y disposición final de autos y motos retenidos, y aliviar la saturación de sus playas.
El municipio de Guaymallén se incorporó al plan provincial destinado a ordenar y reducir el volumen de vehículos retenidos en las playas oficiales. El Decreto 2030, publicado este 17 de noviembre, formalizó el convenio firmado el 7 de mayo entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la comuna, representados por la ministra Mercedes Rus y el intendente Marcos Calvente.
El acuerdo se inscribe en el Programa de Seguridad Ciudadana Localizada, una estrategia que busca coordinar esfuerzos entre Provincia y municipios para mejorar las respuestas ante los problemas cotidianos de seguridad. Dentro de ese marco, el Gobierno viene avanzando en un proceso de reorganización de las playas donde se almacenan autos y motos retenidos por infracciones o vinculados a causas judiciales, espacios que en muchos casos se encuentran saturados.
Como antecedente, el Decreto 707/25 adjudicó el Sistema Integral de Gestión de Secuestros, que abarca servicios de acarreo, depósito, resguardo, mantenimiento de los predios y la disposición final de los vehículos. Esta última puede realizarse mediante descontaminación, compactación o venta, siempre dentro de los procedimientos previstos por la normativa vigente.
La incorporación de Guaymallén permitirá que el municipio utilice esta estructura provincial para la administración de los vehículos secuestrados por su área de seguridad vial. El objetivo es agilizar tareas como el traslado y la custodia de los rodados, optimizar el espacio disponible y liberar recursos policiales afectados hoy al control de esas playas.
El decreto recuerda que la Ley de Ministerios 9501 y la Ley de Tránsito 9024 exigen que cada municipio cuente con lugares aptos para alojar vehículos retenidos, los cuales quedan bajo la órbita de jueces contravencionales, autoridades administrativas municipales o unidades de resolución vial, según corresponda. Asimismo, destaca que este tipo de convenios busca ofrecer a los gobiernos locales herramientas más eficientes para gestionar un volumen creciente de secuestros vehiculares, con los costos y riesgos ambientales que implica su depósito prolongado sin descontaminación previa.