Empresa del engranaje de corrupción de Lobos ofrece una reparación histórica

La Municipalidad de Guaymallén podría recibir un resarcimiento en concepto de reparación por parte de la empresa Wanka, que fue parte del entramado de corrupción del detenido exintendente Luis Lobos. La oferta la hizo la defensa de Roque Núñez, propietario de la firma, que junto con el exsecretario de Obras de la gestión del peronismo, Federico Sampieri, están imputados en calidad de partícipes necesarios.

El intendente Marcelino Iglesias confirmó a Memo la negociación que se lleva adelante desde las áreas legales del municipio que conduce hasta el 20 de este mes, en que asumirá como senador provincial. 

El acusado ofreció la suma de 15 millones de pesos "en concepto de reparación integral y conciliación por el daño que ocasionó la licitación de la planta de asfalto al erario público municipal". 

Lo que resta que ocurra es que la Fiscalía dictamine favorablemente para poder homologar ese acuerdo ante el Tribunal de Juicio, recordando que justo el día en que Iglesias asume en el Senado comienza el debate de la causa.

El monto, en este caso, es menos relevante que el antecedente, ya que sería la primera vez que se produce una reparación por un daño que fue producto de un hecho de corrupción.  

En tanto, Memo pudo establecer que ese tipo de acuerdos están previstos en el Código Penal. Así lo permite el artículo 59 inciso 6 el cual establece: "El derecho del imputado a extinguir la respectiva acción penal por conciliación o reparación integral del perjuicio y, como derecho reconocido legalmente, es directamente operativo aun cuando no esté reglamentado" como medio de extinción de la acción penal. Eso le permitiría a Núñez ser sobreseído.

¿Sería justicia? Se entiende que sí en función de la situación imperante: el acusado tiene 80 años, por lo que una condena en su contra toparía con los atenuantes que lo favorecerían, por lo que en Guaymallén han puesto en la balanza el contexto y el "importantísimo antecedente" -como lo consideró Iglesias- que se generaría: que vuelvan a las arcas públicas municipales parte del dinero desviado por la fallida gestión Lobos, quien fue un saqueador sistemático de las cuentas públicas, y así lo ha dicho la justicia en sus fallos condenatorios que son de público conocimiento. 

Cabe recordar que, como publicara el diario Mendoza Post, miembro con Memo del Hub de Medios Plataforma Digital, el exintendente Luis Lobos decidió asfaltar Guaymallén en el año electoral y para ello alquiló a la empresa Wanka SA una planta asfaltadora y maquinaria adicional necesaria para la tarea de pavimentación. Este contrato se firmó por un monto anual de 21,6 millones de pesos, a razón de 1,8 millones de pesos al mes. Wanka pondría además a los operarios para la tarea, y la Municipalidad aportaría insumos, combustible y repuestos.

La suma acordada llama la atención. Adquirir una planta de asfalto similar a la alquilada cuesta alrededor de 15 millones de pesos, de acuerdo a consultas realizadas con funcionarios de otros municipios, de áreas afines a la que conduce Sampieri. Lo que se estila en este tipo de contratos es que los empresarios amortizan en dos años las máquinas y luego las explotan a ganancia pura, aunque el desgaste es fuerte y el mantenimiento, caro.

Un cálculo realizado por un funcionario conocedor del tema, dijo que un costo razonable para el equipamiento que alquiló Guaymallén sería de poco menos de $800.000 pesos mensuales. Lobos pagó un millón de más -siempre según estos cálculos- y además dio una generosa rescisión del contrato.

Luego de asfaltar unos meses, Lobos frenó las tareas en junio tras perder las elecciones generales ese mes. Y dejó de pagar ese mes, julio y agosto. Luego la Municipalidad le pagó a la empresa Wanka unos 4,5 millones de pesos a pesar que los proveedores de pavimento habían dejado de "fiarle" asfalto al municipio. Sin tarea que hacer, la máquina fue desmantelada y retirada de la comuna, aunque cobraron por el tiempo de inactividad.