Juicio por YPF: por qué es clave el respaldo de EEUU y qué debe probar Argentina ante Preska
El abogado Ricardo Paz Herrera explicó en Radio Post que el apoyo del Departamento de Justicia norteamericano refuerza la posición soberana del país, pero no alcanza para revertir la condena. La estrategia oficial busca demostrar ante la jueza Preska un fraude al tribunal por delitos previos vinculados a la expropiación y la actuación de exdirectores de YPF.
El juicio por la expropiación de YPF mantiene en vilo a la Argentina, con una condena que supera los 18 mil millones de dólares y acumula intereses por más de dos millones de dólares por día. En diálogo con el programa "Podría ser peor" por Radio Post, el abogado Ricardo Paz Herrera analizó el nuevo escenario abierto tras el respaldo formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos al Estado argentino.
"Es importante el apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos; es una posición histórica de Relaciones Exteriores de ese país en todos los expedientes donde un Estado soberano es demandado dentro del territorio de Estados Unidos", explicó Paz Herrera. Sin embargo, advirtió que este respaldo "no es causa para que la sentencia sea revertida", ya que se trata de una postura diplomática que respalda la inmunidad soberana, pero no cambia los hechos del caso.
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Para el letrado, la clave de la defensa pasa ahora por unificar todos los argumentos en torno a la figura de "fraude al tribunal". "Este juicio se tiene que revocar por fraude al tribunal, que es a partir de lo que sucedió como antecedente en este juicio, que es harto conocido como vaciamiento de YPF, sumado a las prácticas del directorio presidido por el ingeniero Galuccio, sospechadas de encubrimiento y colusión con los demandantes", detalló.
Paz Herrera precisó que el juicio no fue iniciado directamente por el fondo Burford, como suele creerse, sino por las empresas Petersen, financiadas por ese fondo: "La palabra Burford no aparece en ningún lado, salvo cuando le informan a la jueza Preska que para iniciar ese juicio hubo gastos y honorarios cubiertos por Burford, que se queda con el 70% de los beneficios".
Según el abogado, la estrategia de la Procuración del Tesoro bajo la actual administración dio un giro: "El gobierno actual de Milei, a través de la Procuraduría, cambió el paradigma de la defensa. Hasta ahora se jugaba a perdedor: ahora se apunta a investigar y probar ante la jueza que hubo un fraude al tribunal".
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El factor determinante será cómo responda YPF antes del 5 de agosto, cuando vence el plazo clave para aportar pruebas. "Tengo la esperanza y convicción de que YPF va a dar un batacazo en este expediente, porque el epicentro del fraude pasa por la propia petrolera", sostuvo.
El abogado recordó que denunció estas maniobras desde 2013: "Yo desde 2013 presenté denuncias en Estados Unidos, en la SEC. Cuando iniciaron este juicio en 2015, el Departamento del Tesoro norteamericano me convocó a declarar. Ese antecedente es clave porque muestra que había una investigación abierta antes de la demanda y la condena".
Además, señaló la actuación de la Justicia argentina hasta ahora: "El juzgado federal a cargo de Lijo tiene responsabilidad. Pero para que avance tiene que haber decisión política y colaboración de YPF, entregando pruebas. Cosa que no sucedió".
También el abogado habló sobre la responsabilidad política y sobre un entramado que -según dijo- trasciende al kirchnerismo y a Axel Kicillof: "Sí, Kicillof tiene una gran cuota de responsabilidad, pero una operación de este tamaño no la resuelve un ministro de Economía solo. Hubo encubrimiento y colusión de directores, inclusive de la oposición".
Paz Herrera aseguró que la maniobra no fue obra de una sola persona: "Para tamaña empresa, ejecutada con tanta precisión, se necesitó una mente brillante para empezar, para ejecutar y para implementar", dijo en alusión a Carlos Zannini, a quien señala como uno de los cerebros del esquema. Además, reveló la participación de mendocinos que habrían jugado un rol clave: "Hay un mendocino que fue director de YPF que se llama Omar Félix. Está probado en un expediente que no concurría a las reuniones de directorio, cobraba honorarios suculentos y no se hacía representar, algo que la ley de sociedades prohíbe", sostuvo.
También mencionó a otro mendocino: "No me quiero olvidar de Gustavo Gutiérrez, que fue designado síndico de la empresa. Intentó investigar y fue presionado indebidamente hasta forzarle la renuncia".
Según Paz Herrera, la responsabilidad también recae en exdirectores de la propia petrolera: "Los delitos pasaron por YPF, no por el Estado argentino. Es muy importante la actuación de los directores: si quien fue vulnerada, vaciada, omite contar esto, flaco favor le hace al Estado argentino, que es el que termina pagando al final".
Mientras la jueza Loretta Preska evalúa los argumentos, el reloj de los intereses no se detiene. Cada día sin resolución suma millones de dólares al monto que deberá afrontar el Estado argentino si no logra revertir el fallo.