La Casa Rosada apelará el fallo que cuestionó el tope a las indemnizaciones
La Procuración del Tesoro prepara un recurso extraordinario para impugnar la sentencia que declaró inconstitucional el artículo que fija un esquema de actualización para indemnizaciones. El Ejecutivo anticipa una defensa judicial coordinada de la ley.
El Gobierno nacional se dispone a presentar un recurso extraordinario federal para intentar revertir la primera decisión judicial adversa contra la reforma laboral aprobada por el Congreso a fines de febrero. La intención oficial es que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y allí se determine la validez constitucional de uno de los puntos más controvertidos de la norma.
La resolución que motivó la reacción del Ejecutivo fue dictada por la Sala 1 de la Cámara del Trabajo de Córdoba en el marco de una causa individual. En esa sentencia, el juez Ricardo Gileta declaró inaplicable el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, al considerar que establece un trato desigual entre trabajadores.
Ese artículo regula el modo en que deben actualizarse los créditos laborales en juicios que ya estaban en trámite cuando entró en vigencia la reforma. El esquema fija como referencia la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina y establece un piso equivalente al 67% del cálculo que resultaría del nuevo mecanismo de actualización basado en la inflación.
En su fallo, el magistrado sostuvo que esa diferencia en los criterios de actualización genera una desigualdad ante la ley entre trabajadores que reclaman créditos de características similares. Por ese motivo, resolvió dejar sin efecto la aplicación del artículo 55 en el caso analizado y dispuso que la deuda se actualice conforme al mecanismo previsto en el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Ante este escenario, en la administración del presidente Javier Milei confirmaron que la Procuración del Tesoro de la Nación trabaja en la presentación del recurso extraordinario ante la misma Cámara que emitió la sentencia. Ese paso procesal es el que puede habilitar posteriormente la intervención de la Corte Suprema si el tribunal concede la apelación.
En el Gobierno anticipan además que la estrategia jurídica no se limitará a este expediente puntual. En distintos despachos oficiales explican que los equipos técnicos están preparando una defensa integral de la reforma laboral frente a las demandas que puedan presentarse en distintos tribunales del país.
En la Casa Rosada consideran que los litigios de carácter colectivo podrían tener mayor impacto sobre la aplicación general de la ley. Sin embargo, aseguran que el Ejecutivo responderá judicialmente en cada causa que cuestione la normativa.
Dentro del oficialismo descuentan que la reforma atravesará una etapa de fuerte judicialización, un proceso similar al que enfrentaron otras iniciativas impulsadas durante la gestión. En ese contexto, la apuesta política y jurídica del Gobierno es que la Corte Suprema establezca finalmente un criterio definitivo sobre la constitucionalidad de los artículos que hoy están bajo discusión.
