La Corte de Mendoza cerró la disputa por pozos de agua en Agrelo y ratificó su clausura
El tribunal rechazó el reclamo de dos empresas que buscaban explotar perforaciones en la zona vitivinícola de Luján de Cuyo. El fallo respalda decisiones de Irrigación tomadas hace más de una década y sugiere una alternativa para los emprendimientos.
Después de más de diez años de litigio, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió uno de los conflictos hídricos más sensibles vinculados al uso de aguas subterráneas en la zona de Agrelo, en Luján de Cuyo. El máximo tribunal provincial confirmó la legalidad de las decisiones adoptadas por el Departamento General de Irrigación (DGI) y ratificó el rechazo a las concesiones para explotar dos pozos, que deberán permanecer clausurados.
La sentencia fue adoptada por una amplia mayoría del pleno del tribunal. Acompañaron la posición el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, junto con María Teresa Day, Julio Gómez, Norma Llatser, José Valerio y Omar Palermo. El único voto en disidencia fue el del ministro Mario Adaro, quien consideró que correspondía hacer lugar al planteo de las empresas demandantes.
El fallo avala lo resuelto en su momento por el Honorable Tribunal Administrativo (HTA) de Irrigación, que en 2013 había rechazado otorgar la concesión definitiva para los pozos identificados como 6/1814 y 6/1816. El organismo entendió entonces que los permisos iniciales para perforar se habían concedido de manera irregular en un área con fuertes restricciones sobre el uso del recurso hídrico.
El reclamo de las empresas
La causa judicial fue impulsada por Santa María de los Andes S.A. y Vitivinícola Bulnes S.A., que cuestionaron las resoluciones adoptadas por Irrigación. Las firmas sostenían que contaban con derechos adquiridos desde 2010 para avanzar con las perforaciones y reclamaban que se les otorgara el permiso definitivo para utilizar el agua subterránea.
Según su planteo, las empresas habían realizado inversiones y obras necesarias para poner en funcionamiento los pozos, por lo que consideraban que correspondía formalizar la concesión.
Desde Irrigación, en cambio, argumentaron que los permisos otorgados originalmente no respetaban el orden de prioridades establecido por la normativa hídrica vigente, lo que impedía avanzar hacia una concesión definitiva.
Una alternativa planteada por la Corte
Si bien la mayoría del tribunal convalidó la decisión del organismo que actualmente conduce Sergio Marinelli, cuatro ministros propusieron una salida alternativa para amortiguar el impacto económico sobre los proyectos vinculados a esos pozos.
En sus votos, Garay, Day, Gómez y Llatser señalaron que las empresas podrían solicitar un permiso precario para utilizar aguas superficiales, una opción que quedará sujeta a la eventual aceptación de las firmas involucradas.
Valerio y Palermo también rechazaron la demanda, aunque no acompañaron esa propuesta alternativa y consideraron que el caso debía resolverse exclusivamente mediante el pronunciamiento judicial.
Un conflicto con antecedentes políticos
El caso tiene su origen en uno de los episodios más polémicos relacionados con la gestión del agua durante el gobierno de Celso Jaque. Las autorizaciones iniciales para perforar en Agrelo fueron otorgadas por el entonces superintendente general de Irrigación, Eduardo Frigerio, en medio de cuestionamientos por la administración del recurso hídrico en un contexto de escasez.
Las críticas apuntaban a la entrega de permisos destinados a abastecer desarrollos inmobiliarios en una etapa marcada por restricciones en la disponibilidad de agua en la provincia.
Las denuncias derivaron en un proceso de Jury de Enjuiciamiento contra Frigerio y también alcanzaron a su asesor Jorge Villalón. En diciembre de 2011, ya durante la gestión de Francisco Pérez, el funcionario presentó su renuncia al frente del organismo mientras avanzaban las investigaciones.
Tras su salida, el nuevo titular de Irrigación, José Luis Álvarez, dispuso el cegado de los pozos en Agrelo por instrucción del Ejecutivo provincial. Esa decisión fue luego ratificada en 2013 por el Tribunal Administrativo del organismo y dio origen a la disputa judicial que, más de una década después, terminó resolviendo la Suprema Corte de Mendoza.
