La exintendenta Trigo y sus funcionarios deberán devolver $5 millones

Es por "sobresueldos". Así lo definió la Fiscalía de Estado. Entre los funcionarios se encuentra el exsecretario de Gobierno Marcos Nuarte.

Tras una denuncia de la intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis, la Fiscalía de Estado emitió esta semana un dictamen donde establece que la gestión anterior, encabezada por Norma Trigo y su secretario de Gobierno Marcos Nuarte, se aumentó los sueldos de manera ilegítima.

"En primer lugar, se omitió la conformación de expediente respectivo por lo que los decretos nº 126/19, 626/19, 633/19, 2234/19, no poseen motivación suficiente ni adecuada. Nunca existió una pieza administrativa que diera origen al decreto firmado", comienza el dictamen de Fiscalía de Estado.

Asimismo, el organismo de control determinó que Trigo era incompetente para establecer un incremento salarial: "La fijación de los sueldos constituye una facultad exclusiva del Concejo Deliberante. Esto no se respetó y el aumento se dio de manera unilateral, solo lo decidió Trigo".

Por otro lado, el dictamen establece, entre otros puntos, que los decretos de la exintendenta de Santa Rosa "no contaron con dictamen jurídico ni con informe contable respectivo, requisito esencial cuando se disponen fondos públicos".

Pero una de los aspectos más graves de esta serie de irregularidades lo constituye la falta de publicación de los decretos: este tipo de normas tienen naturaleza reglamentaria y deben ser publicados. Por lo tanto, se concluye que hubo arbitrariedad y desviación de poder.

Sobre los sobresueldos, vale destacar que se otorgaron a "un sector limitado de agentes públicos sin justificación alguna y sin publicidad debida". Fueron, en total, alrededor de 70 los funcionarios y agentes municipales beneficiados por los incrementos salariales irregulares.

"La desviación de poder es una de las manifestaciones más comunes de la corrupción y constituye un claro atentado contra pilares básicos del estado de derecho", enfatizó Fiscalía de Estado.

El dictamen señala además que los decretos nº 126/19, 626/19, 633/19, 2234/19 se encuentran viciados "grave o groseamente", transformándose en inexistentes debiendo implementarse en forma inmediata las acciones tendientes al recupero de los montos ilegitimamente abonados.

En este punto, la intendenta, Nuarte y el resto de los que recibieron sobresueldos deberán reintegrar alrededor de 5 millones de pesos, mientras que la actual intendenta Destéfanis evalúa iniciar acciones penales contra los involucrados.

Para ello, la jefa comuna instruyó al área contable a realizar la liquidación de cada uno de los casos.

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