La Legislatura avanzó con la Ley Hojarasca II y eliminó otras 91 normas
Diputados dio sanción definitiva a la segunda etapa del proceso de depuración normativa. La revisión abarcó leyes sancionadas entre 1950 y 1975 y ya se anticipó una tercera fase.
La Cámara de Diputados convirtió en ley la segunda etapa del denominado proceso "Hojarasca", una iniciativa orientada a revisar y actualizar el marco normativo provincial. Con esta aprobación, se derogan 91 leyes que se suman a las eliminadas en la primera fase del programa.
El proyecto había llegado con media sanción del Senado y fue respaldado por mayoría en el recinto. Según la fundamentación oficial, se trata de la continuidad de un trabajo integral que apunta a ordenar el sistema legal vigente, suprimiendo normas que quedaron superadas por regulaciones posteriores o que perdieron vigencia práctica.
En esta oportunidad, el análisis comprendió las leyes generales sancionadas entre 1950 y 1975. Durante ese período se revisaron 172 normas, de las cuales 91 fueron seleccionadas para su derogación. Desde la Legislatura explicaron que la delimitación temporal respondió a la posibilidad de realizar un estudio exhaustivo de cada disposición. Las leyes dictadas con posterioridad a 1975 serán abordadas en próximas etapas, y de hecho la tercera fase ya fue presentada días atrás.
Entre las normas incluidas en esta segunda tanda figura la Ley 3514, que establecía un esquema de supervisión estatal sobre la actividad económica privada en la provincia, otorgando amplias facultades al Poder Ejecutivo en un contexto de fuerte intervención estatal. También se eliminó una ley que fijaba los días habilitados para la actividad comercial, una materia que hoy se encuentra regulada por disposiciones más recientes.
Durante el debate, el diputado Alberto López (UCR), miembro informante, señaló que la iniciativa fue analizada en comisión sin objeciones al listado propuesto y pidió el acompañamiento del cuerpo. Sostuvo que así como la Legislatura tiene la responsabilidad de dictar normas, también debe asumir la tarea de suprimir aquellas que "han caído en desuso" y que ya no se corresponden con la realidad actual, contribuyendo así a un mayor orden normativo frente a los cambios sociales.
Desde la oposición, en cambio, surgieron cuestionamientos. El diputado José Luis Ramón (CyC) votó en contra y planteó que el proceso de simplificación normativa se presenta como una urgencia bajo el argumento de la modernización, pero consideró que detrás existe una definición "ideológica y política".
En la misma línea, el legislador Germán Gómez (PJ) expresó el rechazo de su bloque y recordó el principio jurídico según el cual una ley posterior deroga a una anterior, criterio que -según argumentó- ya permite resolver incompatibilidades sin necesidad de avanzar en una depuración sistemática.
Por su parte, Edgardo Civit Evans (PJA) optó por la abstención.
Con la aprobación de esta segunda etapa, el oficialismo consolida su estrategia de revisión integral del plexo legal provincial, mientras que la discusión sobre el alcance y la oportunidad de este proceso seguirá presente cuando se trate la tercera fase ya ingresada en la Legislatura.
