La Legislatura reanuda la actividad con foco en educación inicial y seguridad
Tras el receso de verano, el Senado impulsa proyectos para reformar la primera infancia, ampliar atribuciones policiales y avanzar en el traspaso del arbolado público a los municipios, mientras la oposición anuncia que reforzará el control de gestión.
La Legislatura provincial retomó sus sesiones luego de enero con una agenda acotada pero concentrada en dos ejes centrales: cambios en el sistema educativo para los más chicos y modificaciones al marco legal que regula el accionar de la Policía. Desde ambas cámaras explicaron que el volumen reducido de iniciativas responde a que buena parte del trabajo parlamentario quedó "al día" antes del receso.
El mayor movimiento se registra en el Senado, donde además de estas propuestas avanza un proyecto con respaldo transversal de los intendentes para transferir a los municipios la responsabilidad sobre el mantenimiento del arbolado público, de modo que puedan intervenir sin trámites previos cuando exista riesgo de caída.
De los tres expedientes en discusión, solo uno proviene directamente del Poder Ejecutivo: el que apunta a reformar normas vinculadas a la educación en la primera infancia. Los otros dos fueron presentados por legisladores oficialistas con aval gubernamental: Gustavo Cairo y Enrique Thomas impulsaron la iniciativa de seguridad, mientras que Marcelino Iglesias es autor del texto sobre árboles urbanos.
Desde la oposición anticiparon que pondrán el acento en el control de la gestión, en un contexto atravesado por el calendario político: cerca de la mitad de los legisladores que regresaron a sus despachos deberán dejarlos en abril por el recambio previsto.
Cambios en la educación temprana
Las propuestas educativas ingresaron en diciembre a la Cámara Alta de la mano del ministro del área y titular de la Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, por lo que ya comenzaron a discutirse en comisiones.
Ambas reformas se concentran en el tramo que va del nacimiento a los tres años y buscan ampliar la cobertura estatal desde edades cada vez más tempranas. El objetivo oficial es generar un seguimiento continuo de las trayectorias escolares desde los primeros meses de vida hasta el final del secundario. En esa línea, desde la DGE explicaron que se pretende integrar a los centros de primera infancia al sistema de Gestión Integral Educativa, que hoy permite detectar de manera anticipada riesgos de abandono.
Otro de los ejes es reforzar el rol pedagógico de los jardines maternales y someterlos a supervisión educativa, para que no cumplan solo funciones recreativas. Para ello se propone modificar la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes y reordenar el esquema administrativo de más de 500 establecimientos que funcionan en la provincia, tanto estatales como municipales y de organizaciones sociales. Entre los cambios figura que algunos centros pasen a depender directamente de la Subsecretaría de Educación y adopten trayectos formativos definidos por la DGE.
El segundo proyecto apunta al sector privado. Una norma aprobada años atrás para regular los jardines maternales nunca fue reglamentada y, tras la pandemia, muchos establecimientos cerraron. Desde el área educativa sostienen que aquella ley imponía requisitos difíciles de cumplir, pero reconocen que hoy la actividad carece de controles específicos. La reforma prevé crear un registro único y exigir lineamientos pedagógicos comunes para la habilitación y funcionamiento.
En paralelo, el descenso de la natalidad aparece como una oportunidad para reorganizar la oferta escolar: en algunas zonas ya permitió abrir salas de tres años donde antes había baja matrícula en los niveles superiores del jardín.
Más facultades para los efectivos
El otro expediente que se encamina al recinto en el Senado es la modificación de la normativa que regula el uso de armas por parte de la Policía provincial. La iniciativa ya obtuvo media sanción en Diputados y busca ampliar las atribuciones de los agentes frente a situaciones de inseguridad, además de adecuar la legislación local a la que rige para las fuerzas federales.
El proyecto introduce cambios en la ley que regula a la institución e incorpora nuevos supuestos para el empleo del armamento, entre ellos la defensa de la autoridad policial y la protección de funcionarios, empleados públicos y bienes del Estado.
Con estos temas en debate, la Legislatura inicia el año político combinando reformas estructurales en educación, discusiones sobre seguridad y un escenario atravesado por el recambio de bancas que se aproxima.
