Polémica por los créditos del Banco Nación: ya hay dos denuncias penales y el Gobierno prepara su defensa

Las presentaciones quedaron radicadas en los juzgados federales de Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti. El Ejecutivo defendió los préstamos otorgados a funcionarios y legisladores y adelantó que el banco estatal presentará esta semana la documentación ante la Justicia.

El escándalo por los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes políticos del oficialismo derivó en las primeras denuncias judiciales. Este lunes se realizaron en los tribunales federales de Comodoro Py los sorteos que determinaron que las causas quedaran a cargo de los jueces Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti.

La primera presentación fue realizada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y quedó radicada en el juzgado de Rafecas. En la denuncia aparecen como señalados el ex presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y el actual superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central, Juan Ernesto Curuchet.

El escrito plantea posibles delitos como administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Poco después ingresó una segunda denuncia que fue asignada al juzgado de Capuchetti. En este caso, la presentación fue impulsada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade junto al legislador socialista Esteban Paulón.

Además de Tillard, en esta denuncia también se menciona a varios funcionarios y dirigentes que figuran entre los beneficiarios de los préstamos. Entre ellos aparecen el director de YPF Emiliano Mongilardi, el secretario de Finanzas Federico Furiase, el director del Banco Central Pedro Inchauspe y el titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Pedro Núñez. También se menciona a los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovani.

La polémica se desató luego de que se difundiera un listado con préstamos otorgados por el Banco Nación a distintos funcionarios del oficialismo. La información fue publicada por el sitio Cuánto Deben y generó pedidos de informes en el Congreso, reclamos de investigación y cuestionamientos desde sectores de la oposición.

Durante el fin de semana el Gobierno nacional salió a defender el otorgamiento de los créditos. Desde el Ejecutivo señalaron que los préstamos se otorgaron bajo las mismas condiciones que rigen para cualquier cliente que cumpla con los requisitos del banco.

El encargado de responder públicamente a las críticas fue el canciller Pablo Quirno, mientras que el equipo de auditoría del Banco Nación, conducido por Darío Wasserman, trabajó en la revisión de los casos para reunir la información que será presentada ante la Justicia.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también respaldó a los funcionarios de su área que figuran entre los tomadores de créditos. Según afirmó, ninguno de ellos recibió condiciones especiales.

Entre los casos mencionados se encuentra Felipe Núñez, director del BICE y asesor del Ministerio de Economía, con una deuda inicial de 373 millones de pesos tomada en febrero de 2025. También aparece el actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un crédito por más de 367 millones de pesos solicitado en agosto de ese mismo año.

Otro de los préstamos señalados corresponde a Pedro Inchauspe, director del Banco Central, quien tomó un crédito por más de 510 millones de pesos.

En la lista también figuran otros funcionarios como Juan Pablo Carreira, titular de la Oficina de Respuesta Oficial; Sharif Menem, director general de la secretaría privada en la Cámara de Diputados; y Guillermo Madero, jefe de gabinete del Ministerio de Defensa.

Madero explicó que solicitó el préstamo a través de los canales habituales del banco y negó haber recibido privilegios. Según relató, se inscribió por internet y solo tuvo contacto con el gerente de la sucursal cuando acudió a firmar la documentación. El crédito, cercano a los 207 millones de pesos, fue utilizado para adquirir su primera vivienda.

Desde el Gobierno sostienen que los préstamos fueron otorgados de manera regular y cuentan con garantías hipotecarias y otros respaldos financieros.

"El banco no presta dinero de los contribuyentes y las tasas son las mismas para todos los clientes que cumplen las condiciones", señalaron fuentes oficiales al defender la operatoria.

La controversia ya tuvo su primera consecuencia política: la salida de Leandro Massaccesi, jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, quien fue desplazado por la ministra Sandra Pettovello luego de que se conociera que había accedido a uno de los créditos.

Aunque el Gobierno aseguró posteriormente que su salida respondió a otros motivos, el propio ex funcionario publicó un descargo en redes sociales defendiendo la legalidad del préstamo.

En la Casa Rosada también sostienen que parte de las críticas buscan obstaculizar uno de los proyectos centrales del Ejecutivo para el Banco Nación: avanzar con la incorporación de capital privado en un 20% del paquete accionario y que la entidad estatal pueda cotizar en la Bolsa de Nueva York.

Mientras tanto, el banco estatal prepara la documentación con los detalles de los créditos otorgados. Según indicaron fuentes oficiales, la información será presentada ante la Justicia en los próximos días una vez formalizadas las actuaciones en los juzgados sorteados.

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