La interna entre Economía y Salud agrava la crisis del PAMI

El PAMI atraviesa una situación crítica marcada por la falta de fondos y tensiones internas dentro del Gobierno, en un contexto donde la prioridad oficial sigue siendo sostener el equilibrio fiscal. La obra social de los jubilados arrastra una deuda que asciende al menos a $500.000 millones con clínicas, sanatorios y proveedores de insumos médicos, lo que ya impacta en la prestación de servicios.

El problema escaló en los últimos días y derivó en una reunión entre funcionarios de los ministerios de Salud y Economía, luego de fuertes diferencias por la gestión de los recursos. Desde el Gobierno se limitaron a señalar que se avanzará en una solución en el corto plazo, aunque sin precisiones concretas sobre cómo se financiará.

En el trasfondo aparece la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, que mantiene restringidos los pagos ante nueve meses consecutivos de caída en la recaudación, con el objetivo de preservar el superávit. Esta política de ajuste ya había generado tensiones en otros sectores, como el transporte público del AMBA, y ahora golpea de lleno al sistema de salud de los jubilados.

El impacto es directo sobre los prestadores. Clínicas, sanatorios y empresas proveedoras denuncian atrasos en los pagos desde diciembre y deudas que, en algunos casos, superan los $100 millones por firma. Esta situación ya obliga a limitar servicios ante la imposibilidad de reponer insumos básicos.

A la par, el conflicto con los médicos sumó un nuevo frente. La Asociación de Profesionales de PAMI y Afines (Appamia) convocó a un paro de tres días en rechazo a una modificación en el esquema de pagos que, según denuncian, implica una reducción de hasta el 50% en los ingresos por paciente.

El cambio se formalizó a través de la resolución 1107, que fija un pago de $2.100 por consulta "por todo concepto". Hasta ahora, los médicos percibían $946 por cápita, pero ese monto se complementaba con adicionales por consultas, recetas y derivaciones, lo que elevaba el ingreso total a entre $5.000 y $6.500 mensuales por paciente.

Con el nuevo esquema, el ingreso queda unificado y limitado. Según cálculos oficiales, un profesional con una cartera de 800 afiliados podría alcanzar unos $1,6 millones mensuales. Sin embargo, desde el sector médico advierten que ese nivel de ingresos resulta insuficiente para sostener la actividad, teniendo en cuenta costos como alquiler de consultorios y salarios administrativos.

Desde el Ministerio de Salud sostienen que no se trata de un recorte sino de una reorganización del sistema de pagos. Sin embargo, el efecto inmediato es un ahorro para el PAMI en un momento de fuerte restricción presupuestaria.

El riesgo, advierten desde el sector, es una salida masiva de profesionales o una continuidad de las medidas de fuerza que afecten la atención a los afiliados. El organismo cuenta con cerca de 5 millones de beneficiarios, en su mayoría jubilados que perciben haberes mínimos, lo que amplifica el impacto social del conflicto.

Mientras tanto, el Gobierno trabaja en un esquema para regularizar la deuda acumulada, aunque aún no hay definiciones sobre plazos ni fuentes de financiamiento. En paralelo, desde el PAMI anticipan que reforzarán controles sobre el sistema, al considerar que existen prácticas abusivas en la facturación médica.

Con pagos atrasados, recortes en los ingresos profesionales y una estructura financiera tensionada, la mayor obra social del país enfrenta un escenario delicado que combina ajuste fiscal y deterioro en la prestación de servicios.