La Provincia cerró la ronda con municipios y avanza en la reglamentación de la Ley GIRSU
Tras la etapa participativa con los 18 departamentos, el decreto reglamentario entra en su tramo final. La norma apunta al cierre de basurales a cielo abierto, la inclusión de recuperadores urbanos y la trazabilidad digital del sistema.
El Gobierno provincial completó la instancia de reuniones con los 18 municipios para reglamentar la Ley 9.659 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) y el decreto quedó en condiciones de iniciar su recorrido administrativo final antes de su entrada en vigencia, prevista para el próximo mes.
El proceso fue coordinado por el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Coordinación de Sostenibilidad y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, dentro del plazo de 180 días establecido por la normativa, promulgada en el segundo semestre de 2025.
La etapa participativa se desarrolló en dos encuentros regionales: uno con los siete municipios del Área Metropolitana y otro con los departamentos del Sur, junto al Consorcio del Valle de Uco (COINCE) y el Consorcio del Este (COINES). Durante las jornadas se analizaron los artículos del decreto y los siete anexos técnicos que lo integran, y se incorporaron aportes de los gobiernos locales para ajustar aspectos operativos y administrativos.
"Ha sido un trabajo detallista y mancomunado, que hemos logrado abordar desde aspectos legales y técnicos en tiempo récord", señaló Carla Ortega, coordinadora de Sostenibilidad del Ministerio, quien destacó la participación de los equipos municipales en la construcción del texto definitivo.
Un nuevo esquema para la gestión de residuos
La Ley GIRSU fue aprobada por la Legislatura en 2025 tras más de un año de trabajo conjunto entre Provincia, municipios y actores del sector del reciclado. El nuevo marco normativo establece un sistema integral basado en criterios de economía circular, inclusión social y control ambiental.
La norma crea un Sistema Provincial de Residuos articulado con los 18 departamentos, fija estándares mínimos de gestión y promueve la regionalización en cuatro zonas -Metropolitana, Este, Centro y Sur- para ordenar la planificación. Cada municipio deberá elaborar su Plan Municipal en línea con el Plan Provincial.
Entre los ejes centrales se destacan el cierre progresivo de basurales a cielo abierto, la separación en origen, la valorización de materiales y la integración formal de recuperadores urbanos. También se regulan distintas corrientes de residuos, desde los domiciliarios hasta los generados por actividades comerciales, institucionales, de poda y construcción.
Trazabilidad digital y financiamiento
Uno de los instrumentos clave será la puesta en marcha de un Sistema de Información Ambiental de acceso público, que permitirá realizar seguimiento digital y auditorías permanentes sobre la gestión de residuos en tiempo real.
Además, la ley crea el Fondo de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Mendoza, que se financiará con partidas provinciales, tasas específicas, multas y recursos provenientes de acciones judiciales por pasivos ambientales. El objetivo es garantizar infraestructura, equipamiento y fortalecimiento institucional, así como gestionar aportes nacionales e internacionales.
El régimen también establece un esquema de fiscalización compartido entre Provincia y municipios, con inspecciones, auditorías y canales de denuncia ciudadana.
Con la reglamentación en su etapa final, el Ejecutivo busca poner en marcha un modelo más coordinado y transparente para la gestión de residuos, con metas ambientales y sociales que apunten a mejorar la sostenibilidad en todo el territorio provincial.
