Las claves de la intervención del Correo Argentino S.A.

Hace casi dos décadas que el conflicto entre el Estado nacional y Correo Argentino no se resuelve. Ahora inicia otro capítulo. Entre idas y vueltas, revisá acá la cronología del caso.

La jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso la "intervención plena" de la empresa Correo Argentino S.A. y el "desplazamiento total" de su directivos.

Las medidas habían sido solicitadas por la fiscal ante la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, y acompañada por el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, luego de que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago acreedores y tras denunciar maniobras de vaciamiento.

Germán Garavano, Miguel Angel Pichetto y Pablo Tonelli advirtieron que desde el 2003 "el kirchnerismo está usando" la concesión del Correo Argentino "para montar una operación de persecución política contra Mauricio Macri y su familia" y afirmaron que "presiona a la justicia" para que intervenga la empresa postal.

Entre idas y vueltas, revisá acá la cronología del caso:

- Marzo de 1997: El presidente Carlos Menem otorga por decreto la concesión de la empresa Correo Argentino S.A. a la Sociedad Macri (SOCMA), por lo que Argentina se convirtió en uno de los primeros países del mundo en privatizar el servicio postal.

- Noviembre de 2003: El presidente Néstor Kirchner le rescindió al Grupo Macri el contrato de concesión y denunció que la empresa sólo había cumplido con el pago del canon durante el primer año, por lo que en 2001 la deuda con del Correo el Estado ascendía a 296 millones de pesos.

- Junio de 2016: La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a una audiencia del Correo Argentino con los acreedores para lograr un acuerdo y saldar la deuda. Los representantes del Estado aceptaron la propuesta de la empresa, que ofreció pagar el 100% del capital verificado (296 millones de pesos) en 15 cuotas anuales y consecutivas a abonarse desde fines de 2017. El acuerdo debía ser homologado por la Justicia comercial.

- Diciembre de 2016: La fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, rechazó la oferta de la empresa por considerar que era "abusiva", implicaba un perjuicio fiscal y su aceptación dañaba "gravemente" el patrimonio del Estado. En su dictamen, Boquín señaló que la empresa de la familia Macri "se benefició con un estado de eterno concurso y logró suspender por más de 15 años el pago a sus acreedores" .

- Febrero de 2017: El diputado Martín Sabbatella (Frente para la Victoria) y el abogado Daniel Igolnikov denunciaron penalmente al gobierno de Macri por el acuerdo. El expediente recayó en manos del juez Ariel Lijo. El fiscal Juan Pedro Zoni impulsó la investigación por supuesto perjuicio ocasionado al Estado e imputó al presidente Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.

- Abril de 2018: El Procurador interino de la Nación, Eduardo Casal, desplazó y trasladó a Zoni. Quedó en su lugar el fiscal Gerardo Pollicita.

- Diciembre de 2018: Lijo citó a indagatoria a Aguad, ex ministro de Comunicaciones y por entonces ministro de Defensa; a Juan Manuel Mocoroa, ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones; a Jaime Cibils Robirosa, presidente del Correo, y Jaime Leonardo Kleidermacher, abogado de esa empresa; acusados de intervenir y ser partícipes de la maniobra en la negociación presuntamente abusiva y "perjudicial" para el Estado.

- Marzo de 2019: Los cuatro indagados declararon que el acuerdo no fue perjudicial para el Estado y reclamaron que la causa se cerrara por "falta de acción".

- Agosto de 2019: Los jueces de la sala 2 de la Cámara Federal Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia rechazaron los planteos para cerrar la investigación de los directivos de la empresa Correo Argentino y dieron luz verde a Lijo para avanzar y resolver la situación procesal de los indagados.

- Marzo de 2020: La jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso la "intervención plena" de la empresa Correo Argentino S.A. y el "desplazamiento total" de su directivos, en cumplimiento de una serie de medias solicitadas por Boquín, luego de que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago. Entre los motivos de la medida dispuesta por la jueza se encuentra la reticencia de la empresa ante requerimientos del tribunal, lo que imposibilitó el "conocimiento cabal del engrosamiento de sus nuevos pasivos" y sembró "un manto de duda sobre la sinceridad de lo que venía expresando sobre su real endeudamiento". 

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