La Legislatura avanzó en una ley para prohibir que los condenados por delitos sexuales trabajen con menores
La iniciativa, presentada por la senadora Mercedes Derrache, busca garantizar espacios seguros para niños, niñas y adolescentes prohibiendo la designación de personas condenadas por delitos sexuales o de violencia de género.
El Senado de Mendoza otorgó media sanción a un proyecto de ley presentado por la legisladora justicialista Mercedes Derrache orientado a garantizar espacios seguros para niñas, niños y adolescentes. La propuesta, que fue apoyada por todos los bloques y ahora será analizada por la Cámara de Diputados, busca impedir que personas con condenas por delitos sexuales o violencia de género accedan a funciones con contacto directo con menores, aun cuando las penas no impliquen prisión efectiva.
La iniciativa establece una regulación específica para reforzar los cuidados institucionales en espacios deportivos, culturales, educativos, sociales y religiosos. Entre los ejes centrales se prohíbe la incorporación o designación de personas que registren antecedentes penales vinculados a la integridad sexual, la trata o delitos que afecten la identidad civil de menores.
El proyecto incorpora controles obligatorios mediante la exigencia del certificado de antecedentes penales para adultos que desempeñen funciones con menores. La medida se presenta como preventiva y apunta a un estándar mínimo de protección, asignando responsabilidades claras a instituciones y asociaciones para la verificación correspondiente.
La propuesta también adhiere a la Ley Nacional 27.709 "Ley Lucio" e incorpora la capacitación obligatoria en derechos de la infancia y prevención de la violencia infantil para quienes trabajen en la función pública provincial. La obligación se extiende a organizaciones privadas que mantengan relación institucional con el Estado o reciban aportes públicos.
Por último, se instruye al Ministerio de Educación, Cultura e Infancias y a la Dirección General de Escuelas a actualizar sus normativas de contratación, e invita a los municipios a celebrar convenios para reforzar los mecanismos de control y asegurar el cumplimiento de la ley.
