Nuevo triunfo legislativo del Gobierno: es ley el nuevo Régimen Penal Juvenil

En menos de 24 horas, el Gobierno logró otra gran victoria en el terreno legislativo: con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, la Cámara de Senadores convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil.

Además de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, el objetivo del proyecto es fomentar en el adolescente imputado "el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social".

Para ello, propone capacitaciones, recreación y deportes, además de atención médica y de contención por adicciones. Se ofrece también velar "por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas" y se habilitan "instancias de mediación con el adolescente imputado".

La ley establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena. Cuando las condenas establecidas sean de hasta 3 años, o de entre 3 y hasta 10 años pero que no impliquen un delito de gravedad, se reemplazará la privación de la libertad por otras penalidades.

Como partida presupuestaria para la implementación del proyecto, se dispusieron $23.739.155.303: más de $20.000 millones se destinan a la Defensoría General de la Nación, para garantizar la legítima defensa de los jóvenes en conflicto con la ley. También proyecta más de $3.000 millones para el Ministerio de Justicia, encargado de definir los "supervisores", una figura de autoridad fundamental para la ejecución del proyecto.

Asimismo, refiere que los alojamientos deberán "hacerse efectivo en dependencias acondicionadas especialmente para ese fin, bajo la dirección de personal idóneo para el trato con aquellos". Para ello no se propone un financiamiento concreto, sino que se establece que la Nación y los distritos "podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen".