Mendoza endurece los controles a Uber, Cabify y Maxim
La Legislatura aprobó nuevas reglas para las apps de transporte: habrá sanciones graduadas, multas con pago previo, prohibición de publicidad en autos y criterios más estrictos para los vehículos. En la provincia operan unos 4.000 móviles, repartidos entre Uber (50%), Cabify (40%) y Maxim (10%).
El Gobierno provincial avanzará con una actualización integral del sistema que regula a las plataformas de transporte como Uber, Cabify y Maxim, luego de que la Legislatura aprobara de manera definitiva los cambios en la Ley 7412. La reforma también incorpora estímulos para sumar vehículos eléctricos a la actividad.
Según detalló el subsecretario de Transporte, Luis Borrego, hoy circulan alrededor de 4.000 vehículos registrados en estas plataformas. Del total, el 50% trabaja con Uber, el 40% con Cabify y el 10% con Maxim. "Desde 2018 el número viene creciendo de forma sostenida", indicó el funcionario, al recordar que Mendoza fue una de las primeras provincias del país en regular la actividad.
Entre las obligaciones vigentes, se mantiene que los autos deben estar radicados en la provincia, contar con choferes con carnet profesional y respetar una antigüedad máxima de siete años, una exigencia más estricta que la aplicada a taxis y remises. Incorporar un vehículo por encima de ese límite será causal de sanción tanto para el conductor como para la plataforma.
La reforma busca fortalecer las facultades del Ente de Movilidad Provincial (EMoP). Para ello, se crea una escala de sanciones que permitirá graduar las faltas y evitar que las infracciones menores deriven directamente en la suspensión de una aplicación, como ocurrió en episodios anteriores. También se incorpora un criterio de agravante por reincidencia, que podrá llegar a la inhabilitación del conductor.
Otro cambio clave es que las multas deberán pagarse antes de ser apeladas, con el fin de reducir los tiempos administrativos y evitar demoras prolongadas en los cobros. Borrego aclaró que el objetivo "no es recaudar, sino garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa".
Además, la ley suma la prohibición de colocar publicidad de las plataformas en los vehículos. Las autoridades señalaron que algunas unidades habían comenzado a exhibir marcas en puertas o carrocería, lo que ahora será motivo de sanción.
Durante el debate legislativo, el PJ insistió en exigir la creación de una unidad de auditoría para monitorear en tiempo real la operatoria de las apps y cuestionó que no se haya constituido el fondo para renovar taxis y remises financiado con el 1% adicional de Ingresos Brutos que pagan estas empresas.
En defensa del proyecto, la senadora radical Natacha Eisenchlas destacó que Mendoza fue "la primera provincia del país" en regular este tipo de servicios y sostuvo que los sistemas tecnológicos actuales permiten verificar la facturación sin necesidad de controles online permanentes. También señaló que aplicar supervisión en tiempo real podría afectar el funcionamiento operativo de las plataformas.
