Milei acelera el cambio de la Ley de Glaciares con el apoyo de Cornejo

La discusión por la Ley de Glaciares se transformó en una prioridad política y económica. Ya no se debate solo la técnica ambiental, sino el modelo minero de las próximas décadas y la posibilidad real de que la Argentina ingrese al mapa global de minerales críticos. Javier Milei dio una señal explícita después del anuncio del acuerdo comercial con Estados Unidos y abrió la puerta a dos caminos: enviar una nueva ley al Congreso o, si el calendario se complica, avanzar mediante un DNU que habilite a las provincias a regularla "como quieran".

El Presidente lo planteó sin rodeos. "Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo. Esta ley es para devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglaciar. Eso será muy importante para la economía. La idea original es del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y que de una vez por todas nos pongamos a aprovechar nuestros recursos naturales", afirmó Milei.

La frase se multiplicó entre gobiernos provinciales, ejecutivos de empresas mineras e inversores internacionales. La norma vigente -sancionada en 2010 y nunca reglamentada en forma completa- es considerada el principal cuello de botella para los desarrollos de cobre proyectados para la próxima década. Nadie objeta la protección de glaciares; lo que se cuestiona es la indefinición jurídica y técnica que dificulta inversiones de entre u$s3.000 y u$s15.000 millones.

Según fuentes oficiales, la resolución integral del tema quedó para 2026, aunque el Gobierno activará movimientos legislativos después del 10 de diciembre.

Un mapa federal desordenado y dos caminos en discusión

Dentro del oficialismo conviven dos estrategias. La primera es un decreto reglamentario rápido, aunque más frágil ante la Justicia. La segunda, una ley aclaratoria que fije parámetros científicos y administrativos sólidos, aunque dependa de negociaciones legislativas complejas. La posibilidad de intervención de la Corte Suprema existe, pero se la considera poco probable.

La apuesta del Gobierno es delimitar con precisión qué puede hacerse en áreas periglaciares y ordenar competencias. El Ministerio de Desregulación trabaja en el borrador del DNU, que luego deberá convalidar Economía. No obstante, dentro del sector minero creen que la salida más segura pasa por una ley del Congreso.

Las provincias con alto potencial minero -en especial San Juan, que concentra seis de los diez proyectos de cobre más importantes del país- reclaman desde hace meses una definición clara sobre quién tiene la última palabra. Su gobernador, Marcelo Orrego, insiste en que la autoridad de aplicación debe ser provincial para destrabar inversiones.

Para sumar respaldo en el Congreso, provincias, empresas y sindicatos ofrecen acercar expertos y trabajadores a las comisiones para despejar dudas técnicas y combatir mitos sobre la actividad.

Con un clima de definiciones, el Ejecutivo analiza tratar el tema en las sesiones extraordinarias de diciembre o febrero. La meta es lograr un instrumento que dé precisión científica, ordene competencias y brinde estabilidad a largo plazo.

Mendoza toma la posta y exige previsibilidad

En la LATAM & Argentina Critical Minerals Summit, la ministra mendocina Jimena Latorre reforzó la necesidad de coordinar criterios entre provincias. Señaló que el país tiene una oportunidad extraordinaria con los minerales críticos, pero depende de reglas claras y consistentes.

"Si las provincias andinas no unificamos criterios y no damos reglas claras y estables, vamos a seguir teniendo recursos, pero no vamos a convertirlos en reservas ni en riqueza para nuestras economías", alertó Latorre.

Recordó que la minería se planifica con horizontes de treinta a cincuenta años, y que el marco regulatorio debe ser coherente en todo el territorio.

Durante Argentina Mining Cuyo, el secretario de Minería, Luis Lucero, ratificó que la actual ley genera "un grado de incertidumbre demasiado grande" para proyectos de envergadura. Explicó que la Corte ya fijó un principio clave: la necesidad de "federalismo de concertación".

El máximo tribunal sostiene que la protección ambiental es un bien constitucional, pero su aplicación debe articularse con el régimen federal que otorga a las provincias la administración de los recursos naturales. También remarcó que los presupuestos mínimos ambientales requieren definiciones claras para evitar regulaciones indeterminadas.

Lucero citó la doctrina del ministro Horacio Rosatti y recordó que el artículo 41 obliga a proteger el ambiente, al tiempo que reconoce la propiedad provincial de los recursos. La falta de precisión, dijo, "puede destruir la oportunidad histórica" que enfrenta el país. Llamó a repensar la estrategia porque "el mundo nos mira".

El presidente de la Cámara Minera de San Juan, Iván Grgic, remarcó que la industria no discute la protección glaciar, sino "la falta de precisión técnica", y reclamó definiciones sobre periglaciar, permafrost y límites de protección. Desde el proyecto Altar, Javier Robeto advirtió que "con la ley tal como está, la incertidumbre es tan alta que difícilmente un proyecto pueda avanzar hacia la etapa de mina".

Vicuña Corp. y el RIGI: señal política y económica

En plena discusión, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con Ron Hochstein, nuevo CEO de Vicuña Corp., que prepara un RIGI superior a los u$s14.000 millones para el desarrollo conjunto de Josemaría y Filo del Sol.

Tras la reunión, Caputo escribió: "Discutimos sobre las distintas alternativas para contar con una protección efectiva de los glaciares que posibilite el desarrollo minero sostenible".

El encuentro incluyó un repaso por el cronograma del proyecto y sus proyecciones de empleo. Para el mercado, significó un mensaje claro: las inversiones están listas para avanzar, pero dependen del marco legal.

Caputo volvió a poner números sobre la mesa en la UIA, donde afirmó que, con las inversiones en marcha bajo el RIGI y otras iniciativas, la balanza energética y minera "va a ser el doble de lo que es hoy el agro". Y proyectó que, para 2030 o 2031, el país alcanzaría entre u$s48.000 y u$s57.000 millones de superávit, un ingreso de divisas que calificó de "realmente fenomenal".