Milei extiende el RIGI hasta 2027 y amplía beneficios para petróleo y gas

El Gobierno nacional formalizó la prórroga del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y avanzó con cambios regulatorios que amplían su alcance, en especial para el sector hidrocarburífero. A través del Decreto 105/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo extendió por un año el plazo de adhesión y modificó aspectos centrales del esquema vigente.

La norma introduce cambios sobre el Decreto 749/2024, que reglamenta el Título VII de la Ley 27.742 de Bases. De este modo, las compañías interesadas podrán inscribirse en el régimen hasta el 8 de julio de 2027, en uso de la facultad prevista en el artículo 168 de la ley, que habilita una única prórroga respecto del plazo original de dos años.

Uno de los ejes de la actualización apunta al negocio de petróleo y gas. El decreto incorpora como actividad alcanzada la explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro. Para estos proyectos se fija un umbral mínimo de inversión de USD 600 millones en activos computables, en línea con el requisito establecido para exportaciones de gas.

La reglamentación define como "nuevos desarrollos" a aquellos ubicados en áreas que, al momento de la sanción de la Ley 27.742, no registraban un nivel significativo de desarrollo y que, al momento de solicitar la adhesión, no presenten inversiones en explotación o producción.

En el caso de operaciones costa afuera, el piso de inversión del subsector exploratorio y productivo se establece en USD 200 millones, considerando el perfil de riesgo y la intensidad de capital que caracteriza a este tipo de emprendimientos. Además, se incorporan mecanismos para evitar la fragmentación artificial de grandes proyectos y se exige segregación y trazabilidad cuando en una misma área convivan actividades alcanzadas y no alcanzadas por el régimen.

La actualización normativa también introduce precisiones para proyectos tecnológicos. Se modifica el concepto de ampliación de iniciativas preexistentes en sectores como biotecnología, nanotecnología, movilidad eléctrica, industria aeroespacial, software, robótica, inteligencia artificial e industria nuclear. En estos casos, se considerará ampliación no solo el incremento de capacidad productiva, sino también el lanzamiento de un nuevo producto con cambios tecnológicos sustanciales, siempre que contemple una inversión mínima de USD 250 millones y un ciclo de vida útil de mercado igual o inferior a diez años.

En el plano tributario, se detallan alcances del régimen especial de amortización acelerada previsto en la Ley 27.742 y se habilita a la autoridad de aplicación a autorizar su uso para obras de infraestructura, plantas de procesamiento e instalaciones vinculadas al Proyecto Único. También se ajustan reglas sobre distribución de dividendos, importación de bienes de capital y acceso al mercado de cambios, incluyendo el cómputo de divisas aportadas por accionistas o sociedades vinculadas, siempre que estén destinadas exclusivamente al proyecto registrado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la decisión oficial y sostuvo que la prórroga busca dar mayor claridad y previsibilidad. Según detalló, el régimen ya cuenta con 10 proyectos aprobados por USD 25.479 millones y otras iniciativas en evaluación. Las inversiones autorizadas se distribuyen en sectores como energía, minería e infraestructura, en provincias como Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe.

El RIGI contempla, entre otros incentivos, la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, exenciones en derechos de exportación, beneficios en IVA y mecanismos específicos para la resolución de controversias. Con la extensión hasta 2027, el Ejecutivo apunta a consolidar el esquema como herramienta central para atraer capitales de gran escala en áreas consideradas estratégicas.