Milei condiciona la reapertura de la embajada en Caracas a la liberación de ciudadanos argentinos

l Gobierno descarta recomponer la relación diplomática con Venezuela mientras continúen detenidos compatriotas en ese país y centra su reclamo en el caso del gendarme Nahuel Gallo. La Casa Rosada apuesta a la cautela y a la coordinación con Estados Unidos y otros aliados antes de cualquier gesto institucional.

El presidente Javier Milei no prevé restablecer la presencia diplomática argentina en Venezuela ni avanzar en una normalización del vínculo bilateral mientras sigan presos ciudadanos argentinos en territorio venezolano. En el círculo más cercano al mandatario sostienen que la prioridad absoluta es lograr esas liberaciones y subrayan especialmente la situación del gendarme Nahuel Gallo, arrestado desde diciembre de 2024.

En Balcarce 50 también expresan reparos respecto de la administración encabezada por Delcy Rodríguez, a la que evitan reconocer como gobierno, y aseguran que cualquier decisión dependerá de cómo evolucione el proceso político interno en Caracas. "Antes hay que ver si se cumplen los compromisos asumidos con Estados Unidos", señalan fuentes oficiales.

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La estrategia del Ejecutivo se apoya en un monitoreo permanente a través de países aliados que sí cuentan con representación diplomática y redes de inteligencia en Venezuela, entre ellos Estados Unidos, Israel e Italia. La Secretaría de Inteligencia del Estado no tiene personal en ese país. Tras la salida de Brasil como intermediario a comienzos de enero, la representación argentina quedó en manos de Italia, mientras Washington ya inició gestiones para recuperar presencia formal en Caracas. Desde el Gobierno remarcan que esperan "un gesto concreto" del lado venezolano antes de evaluar la reapertura de la embajada.

En la Casa Rosada admiten, además, que no anticipan una excarcelación inmediata de Gallo y que el proceso podría extenderse más de lo previsto. El ritmo de eventuales liberaciones, explican, estará atado tanto a la evolución de la transición política venezolana como al nivel de supervisión que ejerza la administración estadounidense sobre los acuerdos en curso.

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Dentro del oficialismo describen el escenario en Venezuela como todavía incierto, con un conflicto de fondo sin resolución y una transición lenta, sin plazos claros. Incluso relativizan la posibilidad de elecciones en el corto plazo y hablan de un horizonte de al menos un año para que se convoque a los comicios.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene contactos formales e informales con Washington y evita pronunciarse sobre figuras de la oposición venezolana como Edmundo González Urrutia o María Corina Machado. La línea oficial es no adelantar apoyos ni reconocer interlocutores hasta que haya definiciones más claras desde la Casa Blanca.

En paralelo, la Cancillería, conducida por Pablo Quirno, sostiene la recomendación de no viajar a Venezuela y mantiene vigentes restricciones migratorias para impedir el ingreso a la Argentina de personas vinculadas al poder desplazado en Caracas. El Ejecutivo también continúa impulsando reclamos en foros internacionales para exigir la liberación de los argentinos detenidos.

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