Familiares de policías presentaron en Mendoza un duro petitorio con reclamos salariales, sanitarios y laborales
Piden aumentos del 50%, reconocimiento de la insalubridad, reformas en sanidad policial y la eliminación de la "consigna policial".
La Asociación de Esposas y Familiares de Policías de Mendoza presentó un extenso y contundente petitorio ante el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, en el que detalla una batería de reclamos vinculados a salarios, condiciones laborales, salud física y mental, régimen disciplinario y reconocimiento de la insalubridad de la función policial y penitenciaria.
El documento, fechado el 5 de enero de 2026 y dirigido a la ministra Mercedes Rus, fue presentado formalmente por Alejandra Estela Rey, policía de la provincia, en representación de efectivos en actividad, retirados, jubilados, pensionados y sus familias.
En el texto se solicita, además, la convocatoria urgente -en un plazo no mayor a 72 horas- a una mesa de diálogo multidisciplinaria para abordar la situación del sector.
Reclamo salarial y blanqueo de haberes
Entre los puntos centrales del petitorio figura el pedido de un aumento y equiparación salarial del 50% para todo el personal policial y penitenciario, tanto uniformado como civil, activo y pasivo, con actualización automática según el índice de inflación y revisión semestral.
Asimismo, se reclama el blanqueo e incorporación al haber básico de las sumas no remunerativas y no bonificables, al advertir que el actual esquema impacta negativamente en jubilaciones, pensiones y adicionales.
Críticas a sanidad policial y salud mental
Uno de los capítulos más extensos y sensibles del documento apunta a la sanidad policial. La asociación exige una reestructuración integral del área, denunciando que actualmente "carece de especialidades médicas" y que su función se limita, en muchos casos, a la emisión de certificados y descuentos de haberes, "basados en criterios personales y no en evaluaciones médicas especializadas".
En el mismo sentido, se solicita el control y refuncionalización urgente del área de psicología y psiquiatría, cuestionando que ante situaciones de crisis solo se retire el arma reglamentaria y se derive al efectivo a atención privada, sin contención primaria ni personal capacitado para intervenir en contextos críticos.
El petitorio también incluye duros cuestionamientos al funcionamiento de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo Provincia (ART), a la que se acusa de no cumplir con el plan médico obligatorio para policías y penitenciarios que sufren accidentes en servicio.
Insalubridad y condiciones de trabajo
Un apartado específico fundamenta el pedido para que la función policial y penitenciaria sea reconocida formalmente como insalubre, detallando la exposición permanente a:
agentes físicos (ruidos, temperaturas extremas, indumentaria pesada),
agentes químicos (gases, vapores, sustancias tóxicas),
agentes biológicos (contacto con escenas de crimen, muertes y accidentes),
condiciones ambientales deficientes,
y modalidades de tarea de alto estrés, violencia y riesgo permanente.
La asociación solicita que este reconocimiento derive en beneficios previsionales y laborales específicos, conforme a la normativa vigente.
Régimen disciplinario y consigna policial
El documento también reclama una revisión profunda del régimen de sanciones, al considerar que su aplicación discrecional genera perjuicios económicos graves para los efectivos y sus familias, incluyendo la pérdida de aportes jubilatorios y de cobertura de obra social.
Uno de los puntos más enfáticos exige "eliminar de forma indeclinable la figura de la consigna policial", a la que describen como una práctica que mantiene a efectivos durante 24 horas en la vía pública, día y noche, por tiempo indeterminado, incluso cuando la persona a custodiar no se encuentra en el domicilio, afectando tanto la salud del personal como el funcionamiento general del sistema de seguridad.
Expectativa de diálogo
Al cierre del documento, la Asociación de Esposas y Familiares de Policías solicita formalmente la apertura de una mesa de diálogo en un plazo prudencial no mayor a 72 horas, advirtiendo que el petitorio refleja una situación estructural que afecta no solo a los efectivos, sino también a la seguridad pública en su conjunto.
Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad y Justicia no emitió una respuesta oficial al planteo.
