Lanza un plan para adjudicar tierras fiscales a proyectos productivos
La nueva Ley 9631 busca fomentar el desarrollo agropecuario, industrial, turístico y social en terrenos del Estado. Estará destinada a personas físicas, jurídicas y cooperativas que cumplan con requisitos específicos.
El Gobierno de Mendoza puso en marcha un ambicioso programa de desarrollo territorial con la sanción de la Ley Nº 9631, que establece un marco legal para adjudicar tierras fiscales provinciales a personas físicas, jurídicas y cooperativas interesadas en llevar adelante proyectos productivos. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, apunta a extender la frontera de actividades agropecuarias, industriales, turísticas, sociales y deportivas, especialmente en zonas rurales o subutilizadas de la provincia.
La norma prevé la adjudicación de inmuebles estatales ociosos o sin destino específico mediante distintos mecanismos: licitación pública, concursos de antecedentes y precios, o adjudicación directa en casos sociales. Los adjudicatarios podrán acceder a contratos con facilidades de pago, con períodos de gracia y precios accesibles en función del tipo de proyecto.
El régimen está abierto a mayores de edad residentes en el país sin antecedentes penales ni inhibiciones, así como también a cooperativas, fundaciones o empresas con objeto social compatible. Para evitar abusos, se excluye expresamente a funcionarios públicos de alto rango y sus familiares directos.
Los proyectos deberán contar con estudios de viabilidad técnica, legal, ambiental y financiera, y serán evaluados según un sistema de puntajes. La ley también exige que se mantenga la productividad, se cumpla con las condiciones pactadas y se respeten las normas ambientales.
Plazos, contratos y transferencia
Una vez adjudicada la tierra, se firmará un contrato de posesión que puede culminar en la escritura de dominio, siempre que se cumplan las obligaciones establecidas. No estará permitido dividir ni transferir el terreno por un mínimo de 10 a 15 años, según el tipo de adjudicación. En caso de incumplimiento, el Estado podrá revocar la cesión sin derecho a indemnización.
Además, se prevé la creación de un registro público digital de proyectos, la supervisión por parte del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, y la posibilidad de otorgar créditos, subsidios y asistencia técnica para los adjudicatarios.
La norma también deroga la antigua Ley 4711, que regía los planes de colonización, y habilita al Ejecutivo a destinar parte de los inmuebles para infraestructura urbana o polos industriales.
Con este nuevo marco, Mendoza busca impulsar el arraigo rural, el uso racional de los recursos estatales y la generación de empleo genuino en sectores estratégicos de su economía.
