Glaciares: solo 200 de casi 90 mil inscriptos podrán participar de la audiencia pública
El Congreso concentró el debate en dos jornadas y fijó exposiciones acotadas, mientras el resto de los inscriptos deberá participar de manera virtual o en diferido. Organizaciones cuestionan las restricciones y judicializaron el proceso.
La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares entra en una etapa clave con la audiencia pública convocada para el 25 y 26 de marzo. Sin embargo, el esquema definido por la Cámara de Diputados generó controversia: pese a que hay cerca de 90 mil personas registradas, solo 200 podrán participar de manera presencial o en tiempo real, con intervenciones breves.
El alto nivel de interés contrasta con la modalidad elegida para el debate. De acuerdo con la organización prevista, el primer día estará destinado a exposiciones presenciales en el Congreso, mientras que la segunda jornada se realizará de forma virtual. El resto de los inscriptos deberá enviar sus aportes mediante videos que serán publicados online.
La decisión fue presentada como una forma de ordenar el proceso y hacerlo viable, aunque desde distintos sectores advierten que limita la participación efectiva en un tema de alto impacto ambiental.
Además, se fijaron condiciones estrictas para el ingreso al recinto. Solo podrán asistir los legisladores que integran las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, junto con un número reducido de asesores por bloque. La medida fue impulsada por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, con el objetivo de controlar el aforo y facilitar el desarrollo de la audiencia.
El esquema también establece que tendrán prioridad para exponer quienes se inscribieron primero en cada provincia, un criterio que despertó cuestionamientos por parte de organizaciones sociales y ambientales, que consideran que el proceso quedó "arbitrariamente acotado".
Entre las reacciones, la Greenpeace Argentina, junto a otras entidades, presentó una medida cautelar para frenar las limitaciones impuestas. La causa quedó radicada en el juzgado a cargo de Enrique Lavié Pico.
El trasfondo del debate es la posible modificación de la ley sancionada en 2010, que actualmente prohíbe actividades extractivas en zonas de glaciares y ambientes periglaciares. La iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei apunta a flexibilizar esas restricciones, habilitando el desarrollo de proyectos mineros y energéticos en áreas cordilleranas.
Mientras sus impulsores sostienen que la reforma permitiría compatibilizar crecimiento económico con controles ambientales, los sectores críticos advierten que podría poner en riesgo reservas estratégicas de agua y ecosistemas sensibles.
Aunque la audiencia pública no tiene carácter vinculante, su desarrollo se convirtió en un punto de tensión política. La limitación en la cantidad de oradores y la reducción de los tiempos de exposición reflejan, para la oposición, un intento de acotar el debate en torno a una de las normas ambientales más relevantes del país.
