Presupuesto 2026: el Gobierno acelera acuerdos y busca contener la tensión con las provincias
Con las sesiones extraordinarias a días de comenzar, la Casa Rosada cree tener los votos para aprobar el Presupuesto 2026. Las provincias acompañan, pero exigen avales para endeudamiento, más fondos y la inclusión de debates pendientes como la Ley de Glaciares. Los realineamientos en el Congreso podrían redefinir la correlación de fuerzas.
A medida que se acerca la apertura de las sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional asegura que cuenta con el respaldo político necesario para avanzar con la aprobación del Presupuesto 2026. En la Casa Rosada destacan que las negociaciones con los gobernadores están "encaminadas" y que existe un entendimiento general respecto de la importancia de sancionar la ley, pero admiten que el apoyo provincial llega acompañado de una lista de demandas.
Los gobernadores reclaman, principalmente, la habilitación de avales para acceder a financiamiento internacional -gestión que no implica erogación para la Nación- y una mayor disponibilidad de recursos federales. Esta batería de pedidos fue expuesta en las últimas semanas en las reuniones que mantuvo el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, incluso antes de asumir formalmente, y que ahora continúan junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Aun con la victoria electoral reciente, La Libertad Avanza sabe que no puede aprobar el Presupuesto sin el acompañamiento de otros bloques. Por eso el Gobierno se muestra dispuesto a incorporar modificaciones al proyecto original, siempre que no afecten tres pilares definidos como innegociables: el gasto social, la seguridad y defensa, y el proceso de reducción del Estado.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, lo explicitó al remarcar que el equilibrio fiscal sigue siendo una "condición sine qua non" de la política económica. En el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) sostuvo que el vínculo con las provincias fue "un desafío enorme", pero que la dinámica de diálogo permitió avanzar hacia consensos mínimos para llegar con una ley aprobada antes de fin de año.
Entre los planteos que llegaron a la Casa Rosada figura el reclamo para utilizar cupos de endeudamiento que otras jurisdicciones no emplean, así como el pedido del gobierno neuquino de Rolando Figueroa para destrabar deudas pendientes con la provincia. El mandatario volverá a conversar sobre este punto cuando reciba a Santilli en su visita a Neuquén.
Otra discusión que se perfila como moneda de negociación es la Ley de Glaciares. Varios gobernadores piden que el tema integre el temario de extraordinarias para recuperar potestades sobre la determinación de zonas periglaciares y habilitar inversiones. El propio presidente Javier Milei confirmó días atrás que enviará un proyecto para devolver a las provincias esa atribución: "Esto permitirá destrabar proyectos y generar una fuerte ola de inversiones", afirmó durante una exposición en Corrientes.
También buscan reflotar el debate sobre la distribución del impuesto a los combustibles líquidos. Hoy solo el 10,40% de lo recaudado se coparticipa entre las provincias, pese a que el gravamen generó más de $2.500 millones para la Nación, según cifras oficiales. Un proyecto de reforma impulsado por las 24 jurisdicciones se cayó en la Cámara de Diputados por la ausencia de legisladores que responden a Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Alberto Weretilnek.
En los últimos días, sin embargo, varios de esos gobernadores se acercaron al oficialismo y exploran un reacomodamiento parlamentario junto a Raúl Jalil y Rolando Figueroa. La posibilidad de un bloque propio, con una postura más flexible frente a la Casa Rosada, podría modificar el mapa del Congreso después del 10 de diciembre.
Esta semana, Milei reunió en Balcarce 50 a los legisladores electos de La Libertad Avanza para alinear objetivos de cara a un período de extraordinarias que será decisivo. Del encuentro participaron Martín Menem y Patricia Bullrich, que tendrán a su cargo la conducción política en Diputados y el Senado.
En Casa Rosada sostienen que, más allá de tensiones puntuales, hay un diagnóstico compartido: la necesidad de dejar atrás la prórroga del Presupuesto 2023 y contar con una norma que refleje el programa de equilibrio fiscal del Gobierno. "Todas las provincias coinciden en que el Presidente debe tener Presupuesto. Es un consenso instalado y hoy es difícil que alguien discuta el déficit cero", aseguró una fuente oficial involucrada en las negociaciones.
