Argentina avanza hacia un acuerdo con dos fondos buitre por los juicios del default 2001
Tras años de litigios en Nueva York, el Gobierno y los fondos Attestor y Bainbridge alcanzaron un principio de entendimiento que suspende momentáneamente los procesos judiciales mientras se definen los términos finales del acuerdo.
El Gobierno alcanzó un principio de acuerdo con dos de los fondos buitre que mantenían demandas judiciales contra Argentina por cerca de US$500 millones vinculadas al default de 2001. La comunicación del avance se presentó ante la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, aunque los detalles financieros del entendimiento no fueron revelados.
Los abogados que representan al Estado y los acreedores solicitaron la suspensión temporal de los litigios mientras se completa la formalización del acuerdo. Las negociaciones incluyen a los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, que contaban con sentencias firmes a su favor y habían tomado medidas para embargar activos argentinos en el exterior.
Bainbridge había obtenido fallos por aproximadamente US$95 millones más intereses, mientras que Attestor contaba con una sentencia por US$460 millones y había logrado retener US$209 millones de los colaterales de los bonos Brady depositados en la Reserva Federal de Nueva York. La jueza Preska había congelado US$100 millones de ese monto hasta que los fondos definieran prioridades y formas de cobro; ahora ambas partes comunicaron que llegaron a un acuerdo sobre esa suma.
El entendimiento también detiene momentáneamente una presentación de Bainbridge de octubre de 2025, que buscaba embargar acciones del Estado argentino en el Banco de la Nación Argentina y en Aerolíneas Argentinas. La suspensión se mantendrá hasta que se concrete la formalización del acuerdo, y el tribunal será informado sobre cualquier actualización del proceso.
Attestor, con sede en las Islas Caimán, inició sus demandas contra Argentina en 2014, tras adquirir deuda soberana en default. Según Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, "este es el primer caso de la era Milei que se cierra por haber satisfecho parcialmente las demandas de los acreedores; el país no pagó directamente, pero los fondos obtuvieron el cobro mediante embargos, lo que permite cerrar el caso".
El conflicto forma parte de los reclamos heredados del default de 2001. Las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010 lograron la adhesión de la mayoría de los bonistas, mientras que acuerdos posteriores en 2016 permitieron cerrar gran parte de los litigios. El remanente de demandas de estos fondos es ahora el que comienza a resolverse con este principio de acuerdo.
