Privatizan corredores nacionales: Mendoza queda incluida en la nueva licitación vial
La Nación lanzó una convocatoria pública, con alcance local e internacional, para concesionar 329 kilómetros en la provincia dentro de un paquete de rutas estratégicas. La medida forma parte del proceso de desmantelamiento de Corredores Viales S.A. y transfiere al sector privado la gestión, inversión y cobro de peajes.
El Gobierno nacional puso en marcha una licitación pública para transferir al ámbito privado una extensa red de rutas actualmente administradas por el Estado. La convocatoria, abierta a oferentes nacionales e internacionales, contempla la concesión de 329 kilómetros en Mendoza, incluidos tramos de la Ruta Nacional 7.
La iniciativa se formalizó a través de la Resolución 174/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y corresponde a la Etapa III de la denominada "Red Federal de Concesiones". Este esquema reorganiza la infraestructura vial en ocho grandes bloques: Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico. Se trata de corredores clave para el transporte de pasajeros, la logística productiva y el comercio entre provincias.
El paquete incluye segmentos de las rutas nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, además de accesos y variantes que hasta ahora estaban bajo la órbita de Corredores Viales S.A., empresa estatal que atraviesa un proceso de privatización total.
El modelo previsto es el de concesión de obra pública con financiamiento a través del sistema de peaje. Las empresas que resulten adjudicatarias no solo administrarán el cobro, sino que deberán hacerse cargo de obras de ampliación, mantenimiento, reparación y conservación, además de garantizar servicios para los usuarios.
Ver: Atención: uno por uno, los nuevos tramos de rutas que serán privatizados
La normativa también habilita el desarrollo de actividades complementarias -como servicios logísticos o comerciales asociados a los corredores- con el objetivo de ampliar las fuentes de ingresos más allá de la recaudación por peajes. Desde el Gobierno sostienen que este punto es central para captar inversiones y asegurar la sostenibilidad financiera de las concesiones.
