Qué propone el proyecto del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad y crear un nuevo régimen penal juvenil
La iniciativa que volverá a debatirse en el Congreso fija la responsabilidad penal desde los 14 años, limita las penas de prisión, prioriza sanciones alternativas y prevé institutos especiales para adolescentes, con mayores garantías para víctimas y acusados.
El Gobierno nacional confirmó que la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad y la creación de un nuevo Régimen Penal Juvenil será incorporada al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. La propuesta ya había avanzado el año pasado y había logrado dictamen en comisión, aunque nunca llegó al recinto por falta de consensos políticos.
Con el recambio parlamentario, aquel dictamen perdió estado legislativo y el trámite deberá reiniciarse. Sin embargo, desde La Libertad Avanza adelantaron que buscarán retomar la mayor parte de los acuerdos alcanzados en 2025 para facilitar un nuevo despacho favorable.
El Gobierno vuelve a la carga con la baja de la imputabilidad y abre un fuerte debate político
El proyecto original había sido enviado por el Poder Ejecutivo en julio de 2024 y, tras meses de debate, en mayo del año siguiente un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes y Justicia aprobó un dictamen de mayoría. Ese texto contó con las firmas de LLA, el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, estos últimos con algunas disidencias.
La propuesta inicial del oficialismo fijaba la edad mínima de responsabilidad penal en 13 años, por debajo del límite vigente de 16. El argumento del Gobierno era acercar la normativa local a la de otros países de la región, como Chile, Colombia y Perú -donde la imputabilidad comienza a los 14- y a la de Brasil y México, que la establecen en 12. Finalmente, por pedido de aliados parlamentarios como el PRO y la UCR, el umbral quedó establecido en 14 años.
En cuanto a las sanciones, el dictamen consensuado redujo las penas máximas de prisión a 15 años para delitos graves -como homicidio, abuso sexual o secuestro- y puso el acento en medidas alternativas para hechos de menor gravedad. En los casos con condenas de hasta tres años se priorizarían sanciones no privativas de libertad, como tareas comunitarias, restricciones de contacto con la víctima o reparaciones económicas. Incluso en delitos con penas de hasta diez años sin muerte ni violencia extrema, se habilitaba la sustitución de la cárcel con aval del Ministerio Público Fiscal y tras escuchar a la víctima. El proyecto original del Ejecutivo, en cambio, contemplaba penas de hasta 20 años, siempre sin prisión perpetua.
La reforma penal juvenil suma respaldo desde Mendoza
El personal debería contar con formación específica en infancia y adolescencia y se prohíbe cualquier convivencia con detenidos adultos. Este punto abrió discusiones con los gobernadores, que reclamaron partidas presupuestarias para construir nuevas instalaciones.
El esquema también prevé la creación de institutos especializados para jóvenes condenados, con obligación de garantizar educación, atención médica y tratamientos por adicciones. El personal debería contar con formación específica en infancia y adolescencia y se prohíbe cualquier convivencia con detenidos adultos. Este punto abrió discusiones con los gobernadores, que reclamaron partidas presupuestarias para construir nuevas instalaciones.
Entre las sanciones alternativas se incluyeron amonestaciones, monitoreo electrónico, servicios comunitarios, prohibiciones de concurrir a determinados lugares o de conducir vehículos, además de la reparación integral del daño. Para infracciones leves, el texto habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil, siempre con acuerdo de la víctima.
Como complemento, se establecen programas educativos, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica y restricciones al consumo de alcohol y drogas. El cumplimiento de estas medidas quedaría bajo supervisión judicial, a cargo de profesionales especializados en áreas sociales y de salud.
El proyecto también incorpora abordajes específicos para casos de salud mental, consumo problemático y contextos familiares violentos, con intervención de jueces civiles cuando sea necesaria una internación. Los procesos serían reservados y se prohíbe difundir la identidad de los adolescentes imputados, salvo renuncia expresa, con participación obligatoria de la asesoría tutelar y notificación a los padres desde el inicio.
El dictamen contempla, además, un capítulo dedicado a los menores inimputables, con intervención de equipos interdisciplinarios y organismos de protección de derechos, y fija la responsabilidad civil de los progenitores por los delitos cometidos por sus hijos.
Las víctimas, por su parte, contarían con derechos reforzados, como patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en mediaciones y acceso a la información durante todo el proceso.
La decisión política de reactivar la iniciativa se conoció este lunes, en un clima marcado por la conmoción que generó en Santa Fe el crimen de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años que recibió más de veinte puñaladas y cuya principal sospechosa es una compañera de escuela de 16 años.
