¿Quién debe cubrir los gastos para hacer eficiente el uso del agua en Mendoza?
Desde algunos sectores productivos del agro mendocino se quejan porque, aseguran, no hay acciones acordes del Estado para enfrentar la situación de sequia en la provincia. En Mendoza hace años que se hace un uso deficiente del recurso hídrico en un marco en el que la agricultura usa el 89% del total del agua de la provincia.
La situación hídrica del próximo año se prevé complicado en un contexto que ya es complejo hace muchos años en Mendoza. Sin nevadas, la lógica indica que el recurso será más complicado y desde el sector agrícola se ponen en alerta por el efecto que tendrá en su actividad.
A través de un comunicado, firmado por muchas entidad, pero encabezado por la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas de Mendoza, Acovi, se manifiestó la preocupación por la situación y se llamó a las autoridades a tomar medidas porque el agua de riego se verá notablemente disminuida.
En el sector, de acuerdo a lo que señalan en su carta, si no hay una intervención del Estado, esto "traerá acarreado una caída estrepitosa en la producción, las explotaciones rurales en estado crítico agravarán su situación hacia el abandono". A eso se sumará una "disminución del empleo y aumento del éxodo rural, con sus consecuencias".
La sequía no se administra, se prevee
Sin duda que el Estado tiene una deuda importante en materia hídrica, especialmente en cuanto a las obras, pero también hace falta un "mea culpa" de un sector no avanzó durante décadas en el uso eficiente del recurso.
El escenario
El documento que difundió Acovi critica al estado provincial señalando que -lo que ellos califican como una "mega sequía"- es un panorama "ya anticipado hace años por los especialistas". Sin embargo, destacan, "no hay acciones acordes al crítico panorama planteado, ni de mitigación, ni obras, ni políticas concretas para afrontar la situación".
En otra parte del texto señalan que "debemos priorizar las obras que permitan eficientizar y mejorar la distribución del recurso por encima de cualquier otro uso complementario".
En ese sentido, lo llamativo, es que los firmantes de la carta traspasan toda la responsabilidad por la situación al Estado y piden que no haya otro uso adicional. Es llamativo en circunstancias que hablamos de parte de un sector que ocupa el 89% del agua de toda la provincia, según el último dato compartido el jueves por la Comisión del Agua en el plenario del Consejo Económico, Ambiental y Social de Mendoza (CEAS).
En ese plenario del CEAS no hubo ninguna duda que la solución para la situación del agua es la tecnificación, porque en la actualidad la mitad del agua que utiliza la agricultura se pierde por la falta de inversiones para cuidar el recurso. Eso, sin mencionar que en Mendoza aún hay fincas que riegan a manto.
En esa misma instancia, desde la representación de Acovi, consideraron que es el Estado el que debe encargarse de poner los recursos para hacer obras que permitan tener un uso más eficiente. Sin embargo, y suponiendo que el Estado tuviera el dinero para hacerlo, faltaría una parte fundamental y es el uso del agua dentro de las zonas cultivadas, el cual seguiría siendo ineficiente.
Entonces, considerando la mala situación económica que se vive en la actualidad en las arcas provinciales y el panorama complejo que se puede enfrentar en el corto plazo, cabe preguntarse quién debe asumir los costos para hacer eficiente el uso del agua en el sector. Para el sector agrícola, claramente, debe ser el Estado.
Desde las entidades agrícolas señalan que "es posible generar acciones de austeridad y manejo sustentable del agua", pero no se hace un mea culpa de la situación actual. Hoy, la mayoría del agua se destina a las 320 mil hectáreas que, aproximadamente, están cultivadas en Mendoza. Es decir, el 89% del recurso hídrico se usa para regar un 3,4% (aproximadamente), del territorio que corresponde a la superficie cultivada, según se informó en el plenario del jueves pasado del Consejo Económico.
No hay un mea culpa o autocrítica, pero sí se piden obras mayores que permitan asegurar un mayor recurso hídrico para el riego. "Debemos priorizar las obras que permitan eficientizar y mejorar la distribución del recurso por encima de cualquier otro uso complementario. Obras históricamente pedidas y necesarias como el caso del Trasvase en la cuenca alta del Río Grande al Atuel, Los Blancos, Uspallata, etc, hoy más que nunca exigen su concreción", señalan.
Sin embargo, sin inversiones que hagan más eficiente el uso del agua en las fincas u obras para evitar que se pierda en el camino, lo que habrá es un mayor flujo del recurso hacia una destino que seguirá siendo ineficiente.
De esta forma, el agua sigue siendo un tema complejo y su uso eficiente es un tema que tiene que ser debatido en profundidad y con las responsabilidades que corresponden a cada actor. Eso, en un marco económico muy complejo que se comenzó a generar por las restricciones de la pandemia y el efecto en las cuentas del Estado.
Lo curioso, es que menos de tres meses antes de que se iniciara la emergencia sanitaria, Mendoza tuvo una ley, la 9.290, que consideraba el uso de regalías mineras en obras e inversiones para tecnificación u obras hídricas. El calculo indicaba que se la provincia podría disponer de un 15% más de agua.
Hoy, sin minería, sin recursos, y con el sector que usa mayoritariamente el recurso pidiendo que no se destine a otra cosa que no sea su actividad, la provincia se tendrá que enfrentar a un año complejo.
