La reforma laboral que propuso Verasay y la UCR a la Casa Rosada

Los diputados Rodrigo De Loredo, Soledad Carrizo, Fabio Quetglas, Alfredo Vallejos, Pamela Verasay mantuvieron un encuentro con el jefe de Gabinete. La iniciativa radical propone alentar el blanqueo laboral a través de un sistema de incentivos.

Un grupo de legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), encabezados por el presidente del bloque en Diputados, Rodrigo De Loredo y con la presencia de la mendocina Pamela Verasay, se reunió este jueves con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para terminar de definir detalles del proyecto de reforma laboral.

"La reunión fue positiva. Vinimos a cumplimentar con algo que se inició la segunda etapa del diálogo por la Ley Bases, que está más acortada y acordada de lo que fue el proceso que terminó trunco", aseguró De Loredo a los periodistas acreditados en Casa Rosada.

En esa línea, el presidente del bloque de la UCR en Diputados manifestó: "Tenemos diferencias con el estilo del Gobierno y con prioridades que ellos no comparten, pero en lo que sí tenemos coincidencias es cambiar una situación que nos trajo hasta acá. La Argentina necesita imperiosamente una reforma laboral".

Con relación a las similitudes del proyecto que acercó la UCR respecto al decreto que había enviado al Congreso el presidente Javier Milei, la nueva iniciativa ratifica "la eliminación de las principales multas del empleo, que encarecen y generan una gran litigiosidad".

En tanto, también mantiene la idea de la "esencialidad de determinadas actividades", como es el caso de la actividad docente. En este sentido, desde el bloque radical proponen un "equilibrio entre el derecho a la huelga y el derecho a determinadas prestaciones que el ciudadano tiene derecho a acceder".

El diputado radical marcó además algunas diferencias centrales con el DNU, como es el caso de lo que planteó como un "incentivo al blanqueo" de los trabajadores que se encuentran en el sector informal.

"Una de las diferencias centrales es que creamos algo que sustituiría de manera analógica la idea de los cinco colaboradores que preveía el DNU. Tenías cinco colaboradores que podían tener comercios y que son considerados empleados en negro", precisó De Loredo.

En esta línea, el legislador sostuvo: "Hasta cinco empleados que tengan como piso mínimo un salario mínimo vital y móvil se le exime al empleador de pagar los aportes patronales. Con esto procuramos bajar litigiosidad e incentivar blanqueo.

"La diferencia conceptual del DNU con nuestra propuesta es que nosotros entendemos que se queda a mitad de camino con la incentivación del blanqueo", manifestó De Loredo.

Verasay, por su parte, consideró que "con un nuevo régimen laboral le damos seguridad al sector privado para la generación de nuevos puestos de trabajo. Debemos asegurar el trabajo formal y el crecimiento de nuestros sectores productivos".

Evaluó que "con esta reforma, las pymes y empresas podrán contratar más empleados y generar más inversión en el país" y "contar con más puestos de trabajo disminuye el trabajo en negro y amplía la base previsional que viene en decaimiento en la Argentina.

Además del presidente del bloque radical, estuvieron presentes los diputados Soledad Carrizo, Fabio Quetglas, Alfredo Vallejos, Pamela Verasay. Participaron además los senadores, Pablo Blanco y Eduardo Vischi.

También formaron parte del conclave el secretario parlamentario de la UCR, Alejandro Cacace; el secretario ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros, José Rolandi; y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

El proyecto de la norma que reforma las leyes laborales fue elaborado por la UCR y cuenta con el apoyo de los bloques dialoguistas en el Parlamento. Según adelantaron fuentes del partido centenario, el "80% del nuevo proyecto" es similar al que el presidente Milei intentó aprobar por DNU, aunque luego fue frenado por una medida cautelar.

En esta reedición de la norma, el Gobierno buscaría quitar los artículos más conflictivos para que la reforma tenga un mayor respaldo político por parte de los gremios.

En tanto, la cúpula de la CGT le pidió detalles al Gobierno acerca de los cambios en la ley laboral durante la reunión que mantuvieron con el Ejecutivo ayer.

Los popes gremiales plantearon objeciones con relación los artículos que complican tanto los convenios colectivos como el financiamiento sindical.

El ítem que mayor preocupación genera entre los gremios es el que refiere a la limitación de los aportes solidarios que propone el Gobierno y el bloque radical mantuvo en el borrador del proyecto que acercó a Casa Rosada.

Algunos de los puntos centrales del proyecto de reforma laboral de la UCR

1. Reducción de la carga fiscal sobre el empleo: Proponer la actualización de la
deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales,
vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y hasta 5 empleados. Esto
produce una sustancial disminución del costo laboral (en particular para las PyMEs),
que resulta uno de los elementos más distorsivos que atenta contra la formalidad, e
impacta sobre los trabajadores de menores ingresos.

2. Libertad sindical: Eliminar las contribuciones obligatorias emanadas de los
convenios colectivos (llamadas contribuciones de solidaridad) para garantizar la
libertad sindical.

3. Educación como servicio estratégico esencial: Establecer la educación en los
ciclos de escolaridad obligatoria como un derecho humano fundamental, limitando
los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho.

4. Reducción de la litigiosidad: Derogación de artículos y leyes que complejizan el
marco laboral actual y fomentan la litigiosidad, incluyendo aspectos de la ley N°
24.013, ley N° 25.013, ley N° 25.323, entre otras, y reducción sustancial de las
multas. Esta medida tiene como objetivo reducir la litigiosidad y disminuir la
incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la
determinación en juicio de la indemnización.

5. Mecanismos sustitutivos de indemnización: establecer por convenio colectivo un
fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la
remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar
la indemnización.

6. Protección contra el despido por discriminación: agravamiento de hasta un
100% en la indemnización por despido motivado por un acto discriminatorio por
motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual,
religión, ideología, u opinión política.

7. Registro laboral: Implementar de un sistema simplificado y electrónico para la
registración laboral, asegurando eficiencia y simplificación de los trámites.

8. Periodo de prueba: Extender el período de prueba a seis meses, con posibilidad de
terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización, pero con obligación
de preavisar. 

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