El gobierno de Mendoza activó el nuevo esquema minero

El Gobierno de Mendoza avanzó sin dilaciones en la implementación de dos normas centrales para el ordenamiento de la actividad minera en la provincia. A través de decretos publicados en el Boletín Oficial, quedaron reglamentadas la ley que crea el Fondo de Compensación Ambiental y la que modifica el régimen de regalías mineras, dos herramientas que buscan reforzar el control estatal, asegurar la reparación de eventuales daños ambientales y garantizar un mayor impacto económico y social de la explotación de los recursos.

Con la puesta en marcha del Fondo de Compensación Ambiental, la Provincia incorpora un instrumento financiero destinado exclusivamente a la remediación de daños ambientales de incidencia colectiva. El fondo será administrado por el Ministerio de Energía y Ambiente y sólo podrá utilizarse para restaurar, mitigar o frenar perjuicios ambientales, especialmente en situaciones de emergencia o cuando los responsables directos no estén en condiciones de afrontar los costos de reparación.

La reglamentación establece límites estrictos sobre el destino del dinero. Los recursos no podrán ser utilizados para financiar proyectos de terceros, contratar consultorías ni cubrir gastos corrientes del Estado provincial. La intención es asegurar que cada peso del fondo se aplique de manera directa y efectiva a la recomposición ambiental, evitando desvíos o usos discrecionales.

El esquema de financiamiento del fondo combina varias fuentes. Ingresarán recursos provenientes de tasas, tributos y multas aplicadas por infracciones a la normativa ambiental, además de indemnizaciones fijadas judicialmente por daños ambientales colectivos. A esto se suman aportes extraordinarios como donaciones, subsidios o créditos nacionales e internacionales destinados a fines ambientales. La ley también prevé que, si la Provincia debe intervenir para reparar un daño, podrá luego reclamar el reintegro del dinero y sus intereses a los responsables originales. Para preservar su finalidad, el fondo fue declarado inembargable y exento de impuestos provinciales.

En paralelo, el Ejecutivo reglamentó el nuevo régimen de regalías mineras, que introduce cambios tanto en las alícuotas como en la distribución de lo recaudado. La norma mantiene una alícuota general del 3% sobre el valor "boca mina", pero incorpora un esquema progresivo para proyectos que aún no hayan iniciado la etapa de explotación. En esos casos, la regalía podrá incrementarse de manera gradual hasta un tope del 5%, un punto clave para las futuras inversiones mineras.

La distribución de los fondos también fue redefinida. El 88% de lo recaudado irá a Rentas Generales de la Provincia, con la obligación de destinar el 15% de ese monto a un Fondo de Desarrollo Económico y Socioambiental. El 12% restante será para los municipios donde se realice la actividad extractiva, que deberán aplicar esos recursos exclusivamente a obras de infraestructura económica, social, ambiental o productiva.

La reglamentación endurece además los mecanismos de control y sanción. Las empresas estarán obligadas a presentar declaraciones juradas trimestrales y quedarán sujetas a inspecciones y auditorías, con la posibilidad de implementar sistemas digitales de trazabilidad de minerales. Las infracciones, como el ocultamiento o falseamiento de información, podrán ser castigadas con multas que van del 50% al 100% de las regalías omitidas, e incluso con la suspensión del Certificado de Productor Minero.

Para acceder a su parte de la recaudación, los municipios deberán adherir formalmente al régimen y renunciar a aplicar otros gravámenes sobre la actividad minera. Con este paquete de medidas, el Gobierno provincial busca consolidar un marco más previsible para la minería, reforzar la protección ambiental y asegurar que los beneficios económicos de la actividad tengan un impacto concreto en el territorio.