Renovables en espera: el Congreso define el futuro del régimen de promoción
Tras el vencimiento de la Ley 27.191, el sector energético presiona para extender la estabilidad fiscal hasta 2045. El Gobierno evalúa incluir el proyecto en extraordinarias antes del 27 de febrero o reabrir el debate en marzo.
El calendario parlamentario de febrero y marzo será determinante para la industria de las energías renovables. Luego de la caducidad de la Ley 27.191 el 31 de diciembre y del frustrado intento de prorrogar sus beneficios dentro del Presupuesto 2026, el sector quedó sin el andamiaje normativo que durante una década sostuvo inversiones multimillonarias y reglas fiscales estables.
La expectativa inmediata está puesta en una decisión del Poder Ejecutivo: incorporar el proyecto de prórroga al temario de sesiones extraordinarias antes del 27 de febrero o dejar que el tratamiento continúe en el período ordinario, que comienza el 1° de marzo, ya con la nueva integración de la Comisión de Energía.
El régimen que expiró fue clave para el despliegue del sector. Según datos de la industria, permitió inversiones superiores a los US$ 7.000 millones y la incorporación de 6,5 gigavatios (GW) de potencia instalada. La prioridad ahora es extender ese esquema por 20 años adicionales, hasta 2045, con garantías de estabilidad tributaria.
Una prórroga que no prosperó y un vacío regulatorio
En diciembre, durante la negociación presupuestaria, se intentó una salida rápida: un artículo único que extendiera por tres décadas la seguridad jurídica del sector. Sin embargo, esa cláusula fue retirada del texto final en el marco de acuerdos políticos más amplios que incluyeron otros temas sensibles del área energética.
La consecuencia fue un escenario de transición incompleta. Sin una prórroga automática ni un nuevo marco aprobado, los proyectos que no alcanzan el piso de US$ 200 millones exigido por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) quedaron sin cobertura promocional específica frente a eventuales cambios impositivos.
Para desarrollos cuya vida útil supera los 25 años, la previsibilidad fiscal es un factor central en la ecuación financiera. La preocupación no gira en torno a subsidios directos, sino a la posibilidad de que surjan tributos provinciales o municipales que alteren los costos proyectados.
El proyecto en debate y los cambios en el mercado
La Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables (CEA) sigue de cerca el proyecto presentado en agosto de 2025 por el entonces diputado Martín Maquieyra, acompañado por una veintena de legisladores. La iniciativa propone extender los beneficios hasta 2045 y actualizar el régimen a las nuevas condiciones del mercado eléctrico.
Aunque el expediente mantiene estado parlamentario, el recambio legislativo de diciembre dejó sin efecto el dictamen de comisión ya alcanzado, lo que obliga a reiniciar el debate si no se habilita una vía rápida en extraordinarias.
Entre los cambios más relevantes figura la eliminación del rol intermediador de Cammesa en la compra de energía destinada a grandes usuarios. La modificación apunta a profundizar la desregulación del segmento, habilitando contratos directos entre privados y suprimiendo precios máximos.
El objetivo es consolidar un mercado más abierto, ampliar la cartera de clientes y compensar la reducción de compras públicas que caracterizó a programas anteriores como Renovar. En paralelo, el Mercado a Término de Energías Renovables (Mater) muestra señales de saturación, según fuentes del sector.
El "blindaje" fiscal como eje central
El corazón de la discusión es el artículo 17 de la ley original, que establece que la generación con fuentes renovables no puede ser alcanzada por tributos específicos, cánones o regalías. Para las empresas, ese punto constituye la base del esquema de seguridad jurídica.
Argumentan que la estabilidad fiscal no implica resignar recursos ya existentes, sino impedir la creación futura de cargas impositivas que afecten inversiones de largo plazo. En el sector financiero, la vigencia de este tipo de garantías impacta directamente en las tasas de interés: a mayor incertidumbre normativa, mayor costo del capital.
Agenda saturada y definiciones inminentes
En el Congreso reconocen que el oficialismo tiene intención de avanzar, aunque la agenda legislativa está dominada por proyectos de alto voltaje político, como la reforma laboral o el acuerdo Mercosur-Unión Europea.
La alternativa es que el Ejecutivo incorpore la iniciativa al temario de extraordinarias mediante un decreto, evitando así esperar la conformación de las comisiones ordinarias en marzo. Los tiempos, sin embargo, se acortan.
Mientras tanto, los proyectos continúan su curso administrativo, aunque bajo análisis jurídico permanente. Con una participación renovable que ya alcanza el 19% de la demanda eléctrica total, el desafío ahora no es solo expandir la generación limpia, sino integrarla a una red de transporte que opera al límite y requiere previsibilidad para planificar nuevas inversiones.
El desenlace legislativo de las próximas semanas definirá si el sector logra enlazar el ciclo expansivo iniciado hace una década con una nueva etapa respaldada por reglas claras hasta 2045, o si deberá transitar un período prolongado de incertidumbre regulatoria.
