Acceso Este, concesiones viales y Pedemonte: Badui defendió la obra pública provincial y admitió un "daño ya consolidado"

La licitación para la obra del Acceso Este volvió a mostrar un escenario de alta competencia entre las constructoras locales, en un contexto marcado por la virtual paralización de la obra pública nacional. Según confirmó la subsecretaria de Infraestructura de Mendoza, Marité Badui, se presentaron "11 ofertas que agrupan a 19 empresas", con valores que en algunos casos quedaron por debajo del presupuesto oficial.

"En uno de los tramos casi un 10% por debajo del presupuesto oficial, en otro casi un 2% por debajo del presupuesto oficial. Un tramo un poquito más complejo", detalló la funcionaria, quien remarcó que ahora se inicia el proceso de evaluación técnica y económica.

Badui vinculó la fuerte concurrencia de empresas con la política provincial de sostener la inversión en infraestructura. "Nosotros hemos mantenido e incrementado nuestro presupuesto en materia de obra pública", afirmó, y reconoció que la caída de los proyectos nacionales "sin duda ha sido una variable importante".

En ese marco, explicó que el Gobierno provincial revisó en detalle los valores de referencia: "No queremos que nadie pierda, ni las empresas ni el Estado. Hemos hecho un doble click sobre el análisis de los precios, los nuestros principalmente, con cómo salimos con los presupuestos oficiales".

Obras nacionales: pocas en ejecución y concesiones en marcha

Consultada sobre el estado de las rutas nacionales, Badui fue directa: "De obras nacionales no queda mucho más". Precisó que continúan algunos trabajos en puentes, aunque con "un porcentaje muy lento de ejecución", y la renegociación del contrato de la Ruta 40 norte, mientras que la Variante Palmira ya fue concluida.

En cuanto a la Ruta 7 en Alta Montaña, confirmó que el esquema previsto es el de concesión privada. "El esquema es construcción, reparación, mantenimiento con cobro de peaje", señaló, y aclaró que se trata de una decisión exclusiva de la Nación. "La provincia no interviene ni concesiona ni invierte. Es una ruta nacional que la Nación decide ese esquema de concesión".

Sobre el sistema de peajes, explicó que su ubicación y tarifa forman parte de la oferta de las empresas interesadas: "Eso depende de cada empresa, de qué sugiere a nivel de peaje, qué tarifa", aunque aclaró que "eso también lo termina regulando la Nación".

"La empresa es la que recauda y tiene que hacer las inversiones que están establecidas en los pliegos", agregó, y remarcó que el Estado nacional cumple el rol de control y regulación.

Pedemonte: décadas de excepciones y regulación tardía

Uno de los tramos más extensos de la entrevista realizada en el programa "A pesar de las llamas" por Radio Post estuvo dedicado a la situación del Pedemonte mendocino y al reciente decreto 2792, que reglamenta el régimen de infracciones y sanciones previsto en la ley aprobada en 2022.

Badui reconoció que durante años predominó una lógica de permisividad. "A veces una regulación residual: se regula sobre lo que va a estar establecido, se van autorizando por excepción, y termina estando la configuración que hoy tiene el Pedemonte", sostuvo.

Recordó que la ley de pautas de manejo se sancionó "después de más de 20 años de discusión" y que establece con claridad "dónde no se puede construir y dónde sí se puede construir". Incluso en las zonas habilitadas, advirtió, existen exigencias específicas: "Por ser una zona de fragilidad ambiental, de riesgo aluvional, de suelos que no están consolidados, que son inestables, que tienen alta pendiente".

"La ocupación que ha ido teniendo el Pedemonte ha hecho que los suelos se impermeabilicen", explicó, lo que obligó a ejecutar obras hidráulicas para reducir riesgos.

Agua, urbanizaciones y responsabilidades

Al identificar las áreas más comprometidas, mencionó sectores de Luján de Cuyo y Las Heras. "Ha sido en distintas zonas", dijo, y destacó la puesta en funcionamiento de un visor público donde se puede consultar la zonificación y los niveles de vulnerabilidad ambiental.

Uno de los puntos más críticos, admitió, es el acceso al agua. "Se autorizaron urbanizaciones en zonas de restricción de agua", señaló, y recordó que desde Irrigación se emitían resoluciones anuales que declaraban esas áreas como no aptas. "En un momento dijimos: ya está, es zona de restricción".

Sin embargo, reconoció que "se autorizaron las urbanizaciones" y que hoy el abastecimiento se resuelve de manera precaria. "Eso, los camiones y todo ese tipo de cosas", enumeró, y mencionó también conexiones clandestinas: "Vas más hacia arriba y vas a ver el acueducto pinchado o con conexiones clandestinas".

Badui apuntó además a la demora en la planificación municipal. "Habían nueve planes de ordenamiento territorial municipales aprobados. Hoy están los 18 departamentos", explicó, con la excepción de Malargüe, que está reconfigurando el suyo.

En ese proceso, admitió, confluyeron necesidades habitacionales y prácticas irregulares: "Hay gente que comercializa loteos sin las reglamentaciones específicas y la gente, ante la necesidad y la ilusión, se asienta y después ve".

Un impacto que no se puede revertir

Sobre el daño ambiental y urbano ya producido, la funcionaria fue tajante: "No vamos a salir a demoler lo existente". Aclaró que muchas urbanizaciones están dentro de la zona urbanizable, pero "sin todas las condiciones de pautas que establece la ley".

La estrategia oficial, explicó, apunta a mitigar riesgos. "Estamos trabajando en una ley que nos permita exigir sobre lo que ya está consolidado algunas obras, sobre todo en materia de defensa hídrica", indicó.

Como ejemplo concreto, mencionó las obras realizadas en Godoy Cruz: "La cuenca 301 se ha hecho para proteger a 25.000 personas que están aguas abajo".