El Senado rechazó definitivamente el veto a la Emergencia en Discapacidad
Con una mayoría apabullante, la oposición logró rechazar el veto a la ley que declara la Emergencia en Discapacidad. De esta manera, la norma queda reactivada y deberá ser promulgada.
En otra dura derrota para el Gobierno, el Senado rechazó hoy el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la Emergencia en Discapacidad, por lo que el proyecto deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo. La oposición unida consiguió holgadamente la mayoría y la decisión presidencial fue rechazada por 63 votos afirmativos contra 7 negativos. Los tres senadores mendocinos acompañaron la insistencia a la ley.
La ley de discapacidad aprobada por el Poder Legislativo declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2026, prorrogable hasta 2027, y una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.
Según la oficina de Presupuesto del Congreso, la ley que contempla un actualización de las presiones y asignaciones para los talleres para las personas con discapacidad tiene un impacto que oscila entre el 0,22% al 0,42% del PBI, ya que depende de la cantidad de altas que se produzcan hasta diciembre del 2026.
Queda aprobada con 63 votos afirmativos y 7 votos negativos la insistencia en la Ley 27.793 que declara la emergencia en discapacidad
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) September 4, 2025
Un punto clave de esta ley es que las 200 mil contribuciones por invalidez serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio y las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.
Otro eje central es que se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
En este momento, el Senado debate un proyecto de ley que establece un régimen legal para los decretos de necesidad y urgencia presidenciales.