Emergencia en Discapacidad: el Gobierno se prepara ante el rechazo del Senado
El Ejecutivo proyecta judicializar la ley para frenar su aplicación, mientras el Senado analiza anular el veto presidencial que busca contener el gasto público antes de las elecciones.
El gobierno nacional enfrenta el rechazo del Senado al veto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad y ya prepara los argumentos legales para evitar la aplicación de la normativa. Según fuentes oficiales, la intención de la Casa Rosada es ganar tiempo antes de las elecciones legislativas, evitando comprometer el objetivo de déficit cero.
Los bloques opositores, que impulsaron la ley, cuentan con los votos necesarios para anular el veto presidencial. Javier Milei ya había advertido que recurriría a la Justicia en caso de que se aprobara la norma, alegando que las disposiciones implican incrementos presupuestarios no contemplados en el cálculo financiero del Ejecutivo. "Si el Senado rechaza el veto, lo judicializaré. No impactará en el gasto ni en el dinero disponible", señaló el presidente en una entrevista radial el mes pasado, justificando la medida en la restricción financiera que obliga a equilibrar nuevos gastos con recursos existentes.
Las áreas técnicas del Gobierno trabajan en los planteos legales que presentarán ante la Justicia para frenar la aplicación de la ley, que contempla la actualización de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, la regularización de pagos y compensaciones de emergencia para prestadores de servicios.
Aunque esta es la segunda vez consecutiva que el Ejecutivo opera con un presupuesto prorrogado, desde la Casa Rosada argumentan que los fondos adicionales requeridos por la ley no estaban previstos para este año ni para el próximo, y buscan así evitar un impacto fiscal antes de las elecciones. "No tienen tiempo para causar daño", dijo Milei al respecto.
El eje de la defensa del Gobierno se basará en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que cualquier gasto no contemplado en el presupuesto debe detallar cómo se financiará. Además, fuentes oficiales informaron que podrían ampliarse los argumentos complementarios al presentar la judicialización una vez que la ley sea ratificada.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la Ley de Emergencia en Discapacidad implicaría un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PIB, sin contar posibles efectos adicionales. Previamente, el Ejecutivo había anunciado incrementos en las prestaciones mediante la revisión de pensiones por invalidez mal otorgadas, aunque el procedimiento aún enfrenta demoras, lo que limita la magnitud del ajuste. Este anuncio coincidió con los primeros audios vinculados a presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La normativa declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 y establece medidas para garantizar derechos fundamentales, incluyendo educación, salud, rehabilitación, protección social y empleo. También prevé la actualización de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, beneficios tributarios y regularización de deudas para asegurar la continuidad de los servicios.
La ley modifica, además, las leyes 13.478, 22.431 y 24.901, redefine la discapacidad según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, actualiza el proceso de certificación y establece límites para compatibilizar pensiones con empleo formal. Se declara de interés público la labor de los prestadores y obliga a consultas con organizaciones de personas con discapacidad. El Ejecutivo deberá informar al Congreso sobre la ejecución presupuestaria y podrá modificar partidas para garantizar la implementación de las medidas sin afectar otros servicios sociales.
